La promoción de la defensa de los derechos fundamentales, a través de un debido control de convencionalidad, y entre ellas, del acceso a la información pública, y más recientemente, la protección de datos personales, tanto en el ámbito público como privado, son pasos fundamentales en la construcción y avance de la vida democrática de la sociedad mexicana, por lo que es imprescindible garantizar a la ciudadanía un acceso oportuno y eficaz a la información vinculada con el quehacer gubernamental en su rama administrativa y judicial en forma responsable.

Garantizar el acceso a la información requiere, necesariamente, de un correcto registro y organización de archivos institucionales, pues en ellos se contiene la memoria histórica de la sociedad. En lo personal, he manifestado mi interés sobre la necesidad de que estos archivos estén disponibles de forma efectiva para aquéllos que tengan interés en conocerlos. Lo he señalado en lo que suelo llamar la teoría de la implosión tecnológica y su incidencia en los archivos, con ello me refiero a dos aspectos: 1) la existencia física y electrónica de los documentos y 2) un contenido preciso, en la cantidad indispensable.

El primer punto tiene que ver con la digitalización de los documentos que representa una solución que resuelve el problema del espacio físico, no así el del volumen de información innecesaria y poco organizada, con la que se enfrenta el usuario en su búsqueda de temas específicos, lo cual se relaciona con la segunda de las cuestiones enunciadas.

Al respecto, es importante señalar que el uso de las tecnologías actuales ha otorgado ventajas en el manejo de la información, como disponibilidad instantánea de la misma, la rapidez de transmisión y bajo costo, así como la confiabilidad del mensaje; la autenticidad del emisor-receptor, esto es, permite al destinatario asegurarse de que el mensaje fue enviado realmente por quien dice ser; integridad de la información, de manera que ésta no pueda ser modificada o alterada; además, permite probar fehacientemente que el usuario ha enviado o recibido un mensaje, de modo que ninguna de las partes pueda alegar que no efectuó la transmisión; posibilita el control de acceso, y garantiza la disponibilidad; sin embargo, también enfrentamos algunas consecuencias negativas, entre ellas el uso no apropiado de las mismas, ha propiciado que se generen documentos cada vez más extensos sin que, en la mayoría de los casos, toda la información que contienen sea indispensable. Lo que tenemos que impulsar es que los documentos, desde su origen, tengan más información en menos palabras, es decir, generar contenidos precisos, que alimenten y reproduzcan conocimiento de utilidad social.

¿Qué tan comprometidos estamos con la ciudadanía para facilitarles el acceso a la información? ¿Qué tanto interés tenemos en transmitirles la información relevante de forma accesible y que ellos hagan lo propio con su comunidad? ¿Estaremos dispuestos a pasar de una sociedad de la información a la que la UNESCO llama sociedad del conocimiento?

Es momento que la autoridad asuma una posición proactiva con los ciudadanos, mediante la creación de espacios virtuales lo que llamaría “tu información” que permitan la interacción y generación de conocimiento social, en el ánimo de proporcionar al público lo que para él es importante, y que éste coadyuve a la rendición de cuentas de las autoridades, a través de retransmitir en otros espacios la información recibida, lo que sin duda despertará el interés y participación social hacia el quehacer institucional.

Cabe mencionar que con la creación de archivos voluminosos, nos enfrentamos a la falta de espacio para su conservación, entre las soluciones se ha mencionado la conservación, “sólo de ciertos documentos”, evidentemente esta medida nos expondría al riesgo de perder información importante si la valoración de los expedientes o sus actuaciones no es la adecuada.

Es momento de pasar de “la transparencia” a “la comunicación” a la socialización del conocimiento, la solución es que todo aquel que genere información, en particular los servidores públicos, asumamos el compromiso de transmitirla en un lenguaje directo, conciso y preciso, y en un formato asequible que permita su consulta y reproducción por todo aquel interesado.

En tanto no resolvamos ambos problemas, la información no llegará a convertirse en conocimiento útil, y no obtendremos beneficios reales de la transparencia y derecho a la información.

¿Y cómo incorporamos a este ciudadano a nuestra red de difusión o comunicación?, invitándole por un lado, a procesar y difundir la información obtenida, y que a su vez genere inquietudes nuevas con más internautas, lo que sumado al esquema multiplicador que producen las redes, favorecería entre otras acciones:

• La promoción de nuevas investigaciones

• Desactivar peticiones recurrentes a las instituciones en temas similares.

• Reducir los tiempos de espera para aquéllos cuyo insumo de trabajo, es precisamente, la información oportuna (periodistas).

• Retroalimentar a las instituciones respecto al conocimiento que de ellas tiene la opinión pública, y medir, en su caso, la efectividad de sus propias estrategias de comunicación social.

• Facilitar la rendición de cuentas de la autoridad bajo una óptica real y ciudadana.

Es indispensable fortalecer el hecho de que la información esté al alcance de todos, que los archivos se conviertan en espacios en los que, a través de servicios de calidad, los ciudadanos puedan encontrar respuestas a las interrogantes que derivan de la búsqueda de una memoria histórica y que las generaciones que nos sucedan sean capaces de acceder a ella y moverse con habilidad entre los documentos que la contienen. Es importante que sean ellos mismos quienes coadyuven al buen ejercicio de este derecho fundamental y asuman, al igual que nosotros, la obligación correlativa de protegerlo.

No debemos dejar que nuestra memoria histórica se pierda por no tener información disponible, sea por descuido en su conservación, o por autorizar su dilapidación al no contar con estrategias para su resguardo, síntesis y sistematización, o más aún, que conociendo nosotros la información que es precisa, heredemos a quienes nos sucedan, el largo y tortuoso camino de búsqueda que, de alguna forma, hemos avanzado. Démosle los canales y las herramientas para que coadyuven en la producción de información útil para las nuevas generaciones, es nuestra responsabilidad.

En ese sentido, una sociedad será más participativa, comprometida y manifestará su confianza en las instituciones en la medida en que esté informada de la actuación de sus funcionarios. Comprometámonos entonces en hacer el esfuerzo de poner a disposición de todos, la información que avala nuestro actuar, pues sólo así, y no con discursos, contaremos con el respaldo y la credibilidad de nuestra ciudadanía.

Consejera electoral del IFE y presidenta del Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información del instituto 

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