La Cámara de Diputados puso ayer punto final a la destrucción e inaccesibilidad de miles de documentos en el País, al aprobar por unanimidad, con 310 votos a favor, la Ley Federal de Archivos.

Hasta ahora, los funcionarios públicos podían desechar e incluso hacer perdidizos documentos institucionales, sin embargo, esta legislación advierte que serán causa de sanción y de responsabilidad administrativa.

Desde hace once años se han venido impulsando proyectos de ley que no habían fructificado pero finalmente este documento, presentado por la Comisión de Gobernación que preside el político chihuahuense Javier Corral, plantea una política precisa en materia de organización y administración de archivos en el País.

En opinión de los historiadores Ariel Rodríguez Kuri y Verónica Zárate, algo fundamental es que concede al Archivo General de la Nación (AGN) el carácter de entidad central y de consulta del Ejecutivo Federal en el manejo de los archivos de las dependencias y entidades. Ahora funcionará como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo que presupone mayor autonomía y presupuesto.

"Por fin dejará de ser la última dependencia de la SEGOB en términos presupuestales y administrativos. Antes era un área pesada y molesta a la que nunca se le dio importancia, en cambio ahora contará con autonomía operativa", señala Rodríguez Kuri, director del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México.

Actualmente al AGN está en un tercer nivel de gobierno dentro de una institución cuya misión principal dista mucho de la del archivo, advierte Aurora Gómez Galvarriato Freer, titular del Archivo.

"Este cambio nos permitirá ser más eficaces. Por ejemplo, hasta ahora, cuando nos han avisado que se está destruyendo el patrimonio que en algún lugar, que se está sacando del País o que alguien se lo está llevando a su casa, el AGN tenía que actuar a través del jurídico de la SEGOB lo que hacía su actuación limitada y lenta, en cambio ahora tendrá las atribuciones para actuar directamente", dice.

El AGN, aclara Verónica Zárate, presidenta del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, asumirá la rectoría de la materia de archivos y podrá establecer lineamientos y políticas generales para la organización, conservación y administración de los archivos de trámite y concentración y de los históricos que contienen la memoria documental de los sujetos obligados.

Exige la creación del Consejo Nacional de Archivos, órgano colegiado que tiene por objeto establecer una política nacional de archivos públicos y privados, así como las directrices nacionales para la gestión de documentos y la protección de la memoria documental nacional. Dicho órgano estará presidido por el director del AGN.

Los historiadores confían en que el Ejecutivo Federal actuará a favor de esta ley que coadyuva a la ley de Transparencia, así que esperan su pronta publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor lo antes posible.

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