Poco tardó el conflicto del Archivo de la Guerra Civil en reaparecer en la agenda política tras la toma de posesión del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En mayo del 2004, el Congreso de los Diputados votó la primera declaración de intenciones que asumiría finalmente, ante el empuje desde las bancadas de los nacionalistas catalanes, las históricas peticiones de la autonomía de los fondos depositados en el entonces Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca e incautados por el ejército franquista durante el estallido bélico.

Era el punto de partida, de nuevo, de un conflicto que ha aparecido con continuas controversias a lo largo de las dos legislaturas de Gobierno socialista y que permanece aún pendiente de resolución, ya que ni se ha culminado el proceso de devolución de documentos que reclama la Generalitat, ni mucho menos se ha completado la promesa de crear un nuevo Centro Documental de la Memoria, en obras solo desde septiembre.

Tras aquella primera votación en el Congreso y la subsiguiente formación de una comisión de expertos (encabezada por Federico Mayor Zaragoza, hoy integrado en la plataforma 'Ojalá', de apoyo a Rubalcaba), el respaldo a la salida de fondos se trasladó a una ley aprobada en abril de 2005 que autorizaba la salida de las primeras 507 cajas que reclamaba Cataluña, así como el compromiso de que en abril de 2006 Salamanca tuviera ya un nuevo Centro de la Memoria.

Tras enorme ruido político y una masiva manifestación ciudadana en Salamanca, aquellas primeras cajas no salieron hasta la madrugada del 19 de enero de 2006, generando una de las imágenes más recurrentes del conflicto. Fue la de los operarios sacando una a una las cajas del Archivo, ayudándose de carretillas y en medio de un despliegue mediático y policial más propio de una cumbre del G-20 que de los escasos cuatro ciudadanos que se acercaron a la sede del Archivo a contemplar el proceso.

El comienzo del conflicto

Aquella salida no fue el final de nada, sino el comienzo de un larguísimo conflicto político que tuvo que afrontar las continuas reclamaciones de fondos llegadas de distintas comunidades, así como las dificultades para encontrar una sede donde crear el Centro de la Memoria. Carmen Calvo, César Antonio Molina y Ángeles González Sinde han sido los tres ministros que han gestionado el espinoso asunto. La primera etapa, la de Carmen Calvo, marcada por un clima bronco con el Ayuntamiento, que fue sustituido por un ánimo de colaboración con la llegada de Antonio Muñoz Molina, gracias a su gran relación personal con el entonces alcalde, Julián Lanzarote.

Por el medio, se han producido cinco salidas más de fondos. En diciembre del 2008 se enviaban 120 libros de la biblioteca de Rovira i Virgili a Cataluña. En mayo del 2010 salían 273 cajas y 458 libros relativos a partidos políticos con sede en Cataluña. En noviembre de ese año, hasta el Archivo Nacional catalán llegan 549 cajas más de partidos y sindicatos. Mientras que en junio del 2011 salen 14 cajas hacia Bilbao con documentación del PNV y un mes después se produce el traslado más polémico, el de 726 cajas con más de 800.000 documentos con los fondos relativos a particulares catalanes, una adscripción que ha generado amplia controversia entre los expertos.

Mientras salían fondos, también llegaban. El Ministerio de Cultura ha ido recopilando distintas colecciones en España y en el extranjero que ha depositado en original o en copia en el centro salmantino. El ingreso de mayor volumen fueron las 157.000 cajas desplazadas en el 2008 desde Alcalá de Henares con documentos del Archivo General de la Administración relativos al Tribunal de Orden Público y con un millón de fichas sobre presos políticos.

También llegaron los fondos relativos a españoles de Cruz Roja Internacional, del archivo de Juan Negrín, fondos fotográficos como los de Nieto y Villarejo, los 150.000 documentos sobre los 'esclavos' de Franco (los trabajos forzados registrados por el Tribunal de Cuentas) o 4.000 cajas de documentación de la Oficina de la Causa, Tribunales Populares y Jurados de Urgencia durante la Guerra Civil o el Tribunal Central de Espionaje y Alta Traición de la República.

Solo tras un largo proceso de descartes, el Gobierno se decidía como destino último para esos fondos por la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social, en la plaza de los Bandos de Salamanca.

En abril, el Ministerio de Cultura licitaba las obras que eran adjudicadas el pasado mes de julio a la empresa Edhinor, con un presupuesto total de 7,8 millones y un plazo hasta finales del 2013 para transformar el antiguo edificio neoplateresco en una sede archivística, museográfica y social vinculada al estudio de la II República, la Guerra Civil y la dictadura.

Lo que está claro es que antes de que finalicen las obras de este espacio, se volverá a hablar del Archivo ante la salida de nuevos fondos. La Generalitat ultima la selección de 660 cajas, más de 500.000 documentos, objetos y enseres, que espera recibir antes de la configuración del nuevo Gobierno.

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