El reciente hallazgo de cajas con documentos públicos de Transportación y Obras Públicas en un estado de evidente deterioro, que incluso contenían información sensitiva sobre el Tren Urbano, revela el deficiente manejo de los archivos gubernamentales, cuando existe un protocolo vigente que hay que hacer cumplir a como dé lugar.

Dichas cajas se encontraban a la intemperie en un edificio en desuso, a expensas de que muchos datos confidenciales de transacciones del Gobierno así como datos e información personal de los ciudadanos cayeran en manos desaprensivas.

La situación no hubiera salido a la luz de no ser por un grupo de personas con conciencia que dio la voz de alerta. Éstos dijeron haber visto los documentos abandonados y a empleados públicos regando agua luego de percibir un fuerte olor a quemado procedente en el edificio ubicado en la intersección de las avenidas Luis Muñoz Rivera y Eleanor Roosevelt en Hato Rey. Aunque la versión del fuego fue luego descartada, la denuncia ciudadana desató una serie de reveladores informes.

El director de Autopistas de la Autoridad de Carreteras, Richard Negrón, corroboró la existencia de documentos de nómina con los números de seguro social, facturas originales y cartas confidenciales, mientras que la procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz, informó que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional coparticipan en una pesquisa de lo ocurrido y denunció que hay precedentes de mal manejo de documentos en otras instalaciones del DTOP en Fajardo, Humacao y Carolina. 

Por otra parte, la Administración de Servicios Generales informó que impuso una segunda multa de $500 al DTOP por el mal manejo de documentos en este mismo edificio, mientras el secretario de la agencia, Rubén Hernández Gregorat, aseguró que activará un “protocolo de emergencia” para disponer de los documentos y la Policía informó que hace unos meses se registró un incendio en el mismo edificio.

Esta situación sostenidamente recurrente nos lleva una vez más al terrible problema del exceso de papeleo que generan los trámites públicos, la mayoría evitables, para cuyo procesamiento luego no hay espacio para almacenarlo ni personal para custodiarlo. 

Muchos ciudadanos constantemente se quejan y con razón de la gran cantidad de documentos que se le solicitan y la pertinencia de tener que entregar copia u originales de pasaportes, tarjetas de seguro social y certificados de nacimiento para llevar a término sus trámites en las agencias, sólo para enterarse con el paso de los meses que estos documentos no son protegidos y que pasado un tiempo son abandonados, ni siquiera destruidos.

Todo ello nos lleva a dos conclusiones: por un lado, que pese a que datos privados sensitivos, tanto de individuos como de empresas, son altamente vulnerables para robo de identidad y esquemas de fraude, no se custodia como se debe. 

Por otro lado, que es tiempo ya de que Puerto Rico, como política pública, no sólo racionalice las gestiones de permisos con su avalancha de papel que se superpone y se multiplica innecesariamente, sino que los reduzca al mínimo indispensable y los canalice a través de sistemas digitalizados combinado con el uso sistemático de Internet, con el objeto de instalar al país en la modernidad administrativa y proteger documentación sensible de ciudadanos y de compañías.

Mientras eso llega, el Gobierno está obligado a garantizar a la ciudadanía que se cumplen escrupulosamente los protocolos de preservación de documentos vigentes y al alcance del Estado y no exponerlos más a otro lamentable episodio de ineficiencia en la burocracia pública.

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