En el marco de la declarada emergencia edilicia, y con la premisa de generar espacio en sus abarrotadas dependencias, la Suprema Corte bonaerense ordenó, a través de una resolución, destruir miles de causas que ocupan lugar en archivos y amplios salones desde hace décadas.

A través de la resolución 1.061/2011, los ministros del máximo tribunal de la Provincia -desde sus despachos en el Palacio de Justicia emplazado en 13 y 48 de la capital bonaerense-, determinaron que existe la “necesidad de definir acciones para avanzar y fortalecer las actividades vinculadas con la destrucción de expedientes en los archivos departamentales”, teniendo en cuenta “la emergencia edilicia declarada para el Poder Judicial por la ley 13.795 y en consonancia con otras acciones en marcha y proyectadas, tendientes a la racionalización de los espacios”.

La Subsecretaría de Control de Gestión realizó un relevamiento a través de diferentes juzgados y, como consecuencia de ello, la Suprema Corte advirtió “la necesidad de optimizar y fortalecer la gestión asociada a la destrucción de expedientes en los archivos departamentales de todos los fueros”.

Los ministros entendieron que, si bien ya se estaban realizando acciones para eliminar todo el material que era obsoleto, la “capacidad de almacenamiento generada” seguía siendo “reducida y cubierta rápidamente”.

Al respecto, subrayaron que “la circunstancia aludida constituye un fuerte limitante para ejecutar los trabajos encomendados a los distintos actores intervinientes”. También destacaron que esta situación genera un “impacto sobre los órganos, que se ven postergados de remitir material para archivar por el limitado calendario de turnos y la baja cantidad de legajos a recepcionar”.

Por eso, a través de la resolución, se creó el Programa de Relevamiento, Organización y Destrucción de Expedientes, cuyo objetivo es “relevar, clasificar, seleccionar y destruir los materiales archivados”.

A través de esta medida, también se buscará “relevar el estado de situación de los archivos departamentales respecto al material archivado, el cumplimiento de las pautas normativas y la periodicidad establecida para la destrucción de expedientes, libros y registros que se encuentren en condiciones de realizar”.

Además, fue designada como coordinadora del programa María Lorena Rodríguez, que ya estaba desarrollando funciones como abogada inspectora de la Subsecretaría de Control de Gestión.

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