Organizaciones sociales de Gualeguaychú trabajan en el recupero de documentación que estaba en manos de la Policía, que data de los tiempos del proceso y que se encontraba al aire libre, en un basurero, por reformas edilicias en la sede policial. La decisión de clasificarlos se enmarcó en la determinación de abrir archivos policiales a la ciudadanía que se tomó hace unos años. Además, Derechos Humanos de la Nación colaborará en la tarea. “Trabajamos en la clasificación de los archivos que datan desde los años 60 hasta 2007. Están todos mezclados y es obvio que falta gran cantidad de la documentación. Eso se aprecia a simple vista por el volumen de la documentación que tenemos. Lamentablemente gran parte se ha perdido. Estamos ordenando lo que hemos encontrado”, explicó el profesor de Historia, Eduardo Ramírez abocado a la tarea de reconstruir la documentación hallada.

“Este trabajo se está realizando en la Departamental de Policía de Gualeguaychú”, precisó el docente que a la vez aclaró que se piensa en la constitución de una red provincial que investigue, compile y clasifique estos documentos en cada departamento de la provincia.

“Las organizaciones como Madres (de Plaza de Mayo) convocaron a docentes de historia para que la documentación que se hallara sea útil para los jueces ya que estamos prontos al inicio de los juicios”, recordó Ramírez.

“Hicimos una discriminación histórica desde 1968 en adelante”, detalló y agregó: “Estamos en la etapa de salvar papeles, clasificarlos y luego digitalizarlos”, explicó.

Por su parte, la concejal Rosa Majul, también parte activa en este proceso de recuperación histórica, relató que el recupero de la documentación que realizan en Gualeguaychú se trasladará a toda la provincia. “Estamos organizando comisiones provinciales de la memoria y por eso hemos pedido que cada uno hable con los diputados y senadores de su departamento”, comentó Majul que en noviembre se reunió con el senador y candidato a intendente de Gualeguaychú, Osvaldo Chesini, por este tema y por la sanción de la ley de protección de Testigos que finalmente se aprobó en diciembre y que establece la creación de un Programa de Acompañamiento, Asistencia y Protección de Testigos, Querellantes, Víctimas y/u Operadores intervinientes en las causas Judiciales contra el Terrorismo de Estado.

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