El uno de enero tomaba las riendas de la Justicia en La Rioja y ayer, apenas un mesdespués, el Gobierno regional ponía en marcha un plan para despejar lasdependencias judiciales de los miles de expedientes que han colonizado hastalos despachos de los jueces.

Se hacinan sobre el suelo, en cualquier rincón, sobrelas mesas, entre funcionario y funcionario, en los pasillos... Pero estasituación tiene los días contados, 90 en total. Este es el plazo que se ha dadoel Ejecutivo para reubicar 10.787 cajas con 84.300 expedientes y despejar lasuperficie útil de los órganos judiciales. Se trata de «un plan de choque parareordenar los archivos en las sedes de Logroño, Calahorra y Haro y los Juzgadosde lo Social y de atajar así esta situación de manera fulminante», concretó elconsejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar. Pero el nuevo ordenque trata de infundir la Administración regional no afectará por igual a todos losarchivos. 45.560 procedimientos serán trasladados desde las oficinas judicialesa los archivos de gestión situados en los sótanos y 38.740 serán llevados desdeeste archivo al histórico provincial, situado en la calle Rodríguez Paterna.

Como criterio general, según explicó Escobar, en lasdependencias físicas judiciales se mantendrán los datados entre los años 2008 y2010, el resto se ubicarán en el sótano de los juzgados y los más antiguos-entre 1980 y 2000- se llevarán al archivo histórico, donde también estarán adisposición de los jueces.

«Es una modesta contribución para mejorar el día a díaen los juzgados», apostilló el consejero, quien visitó las dependenciasjudiciales acompañado del director general de Política Interior, Miguel Sáinz.

El transporte de los documentos comenzó ayer y «no esmás que un símbolo de un proceso hacia la modernización de la justicia -explicóEscobar- que concluirá con la digitalización de los expedientes».

Tras la reubicación de los legajos, los miles dedocumentos pasarán por el 'tribunal' del expurgo que se encargará de revisartodos los archivos y decidir qué se hace con cada uno de ellos y si estosmerecen ser destruidos. En cualquier caso se trata de un proceso que «no va ainfluir en la marcha normal de los procedimientos», concluyó el consejero.

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