Siguen las posiciones encontradas entorno a la ‘Ley Sinde’ y el ‘Canon Digital’

El rechazo por parte del Congreso de la Ley Sinde contra las descargas ilegales en la red el pasado diciembre y el fallo del Tribunal de Justicia Europeo sobre la aplicación del Canon Digital en España siguen haciendo correr ríos de tinta.

Sin ir más lejos, el ex presidente de la Comunidad de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, opinaba de ambos asuntos en la edición el diario El País del 10 de enero. Ibarra abogaba por mantener un Internet libre para que “los jóvenes tengan acceso a la cultura Universal por primera vez en la historia”.

En su artículo el ex presidente extremeño afirma que “la imposición del canon digital contra viento y marea, así como el intento de perseguir a las páginas que permiten descargas desde Internet, no van a arreglar el problema que tienen planteando aquellos que se resisten a buscar fórmulas nuevas que permitan seguir manteniendo una Internet libre y adaptar su forma de ganarse la vida a la nueva situación”.

Tendría que saber el mandatario socialista que el Canon Digital se aplica en 24 de los 27 estados que componen la Unión Europea y que lo único que ha hecho el Tribunal Europeo es matizar su aplicación en España para que el gravamen no sea indiscriminado y solo pueda aplicarse a particulares, no a empresas e instituciones.

Rodríguez Ibarra arremete además contra las entidades de gestión a las que acusa de “intentar parar el progreso y el avance tecnológico con el argumento de que se acabará la creación artística musical y literaria si no se persigue a los jóvenes”. Ibarra señala que “los creadores se enfrentan al mismo problema que se enfrentaron otros gremios cuando las circunstancias y las tecnologías cambiaron”.

En este sentido pone ejemplos como el del conductor de diligencias cuando apareció el tren, o los comercios de un pueblo cuando la carretera general deja de pasar por el centro de la población para convertirse en una autopista a las afueras.

El ex presidente de Extremadura explica en su artículo que “la red está basada en la libre circulación de información que genera una sociedad que funciona a través del intercambio libre de esa información. Si la información atenta contra la legalidad ya se encargarán los Tribunales de Justicia de dictaminar la sentencia pertinente. Hasta el momento no ha habido un solo juez que haya dictaminado como ilegal una descarga”.

Bien es cierto que en el resto de países europeos existe una legislación ‘antidescargas’, algo que todavía en España no ocurre, por lo que existe un vacío legal que es aprovechado por los piratas e impide a los jueces actuar de manera eficaz.

Este es sin duda, el gran ‘talón de Aquiles’ del caso español, ya que la carencia de legislación imposibilita que compañías e instituciones inviertan en un gran plataforma de descargas legales ya que compiten contra webs que ofrecen sus mismos productos de manera fraudulenta pero gratuitamente.

Otro artículo aparecido en el mismo diario el mismo día, intenta abordar las claves del nuevo modelo de negocio en la Red. Jordi Minguell presenta en su reportaje algunos de los portales que actualmente funcionan en España como Filmotech.com, desarrollado por EGEDA, o Filmin.com, auspiciado por varias distribuidoras y productoras independientes españolas. También pone de manifiesto el crecimiento de compañías estadounidenses como Netflix, Hulu o Mubi que distribuyen ‘on line’ sus productos audiovisuales.

En cualquier caso para Minguell las cifras de los portales de descarga o streaming de otros territorios obtienen unos resultados a años luz de los de compañías españolas como Filmin o Filmotech y no hay que ser muy listo para darse cuenta que la falta de legislación es una de las claves. “Filmin registró durante el mes de diciembre 1.100 inscritos en su tarifa plana y el visionado de 3.500 películas (…). Cifras minúsculas comparadas con las del portal francés Universcine, de contenido similar a Filmin.com, que registro seis u ocho veces más volumen de negocio ese mismo vez”, según señala el texto de El País.

Minguell además mete el dedo en la llaga cuando asegura que la piratería o la tecnología no son los únicos problema del sector y señala también como gran obstáculo “los acuerdos comerciales entre las productoras y cadenas de televisión que retrasan los estrenos a la plataforma online hasta casi un año, en casos como ‘La cinta blanca’ de Michael Haneke o ‘El secreto de sus ojos’ de Juan José Campanella”.

En Estados Unidos han entendido que el negocio ha cambiado y, como de costumbre, quieren seguir manejando las riendas. Seis de estudios de Hollywood (Warner, Lionsgate, Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures y Twentieth Century Fox de Hollywood) han unido sus fuerzas en un proyecto de distribución que amenaza con modificar radicalmente el sector a nivel mundial.

La feria de electrónica de consumo CES, celebrada en Las Vegas, ha sido el marco escogido para la presentación de Ultraviolet, una plataforma de descarga legal de archivos que permite el intercambio con un número limitado de usuarios.

La idea de la que parte Ultraviolet es la de gestión de archivos en ‘la nube’, de forma que esté disponible para el usuario pero sin que el archivo llegue a estar en su ordenador. Ultraviolet se ha presentado también como una herramienta de la lucha contra la piratería de obras audiovisuales, ya que pone más trabas para el pirateo de archivos y amplía de forma sustancial las posibilidades de descarga legal de contenidos.

Se espera que en el verano de este mismo año comience a haber archivos disponibles para su descarga para los usuarios que se abran una cuenta en el servicio en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En todo caso, los aparatos de venta al público con el sistema Ultraviolet integrado es posible que no lleguen hasta 2012.

Tags: ULTRAVIOLET, Gestión de Archivos, Ley Sinde