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FECHA: 22/02/2009
AUTOR: J.FRANCISCO MESTRE. PALMA

Los jueces de Palma van a la huelga por falta de medios técnicos y humanos, y un exceso de carga de trabajo
Sábado por la mañana. Juzgado de guardia de Palma. El juez llega a las nueve, abre la puerta del despacho y encuentra la mesa llena de atestados. Lo de cada día. Violencia doméstica, hurtos, agresión sexual, estafa.... Leyendo un expediente se da cuenta de que hay un detenido de nacionalidad búlgara. Es uno más de los más de 20 detenidos a los que tendrá que tomar declaración durante toda la mañana. De su decisión depende el futuro de cada uno de ellos. Pero el extranjero que le ha llamado la atención al juez ha sido detenido por una pelea pero no ha podido declarar porque la Guardia Civil no tiene intérprete. El sábado en el juzgado tampoco hay intérprete. Sólo de lunes a viernes de alemán e inglés. "Hemos llamado al intérprete de habla búlgara y nos ha dicho que hasta la tarde no puede venir", le comunica el funcionario al juez. Pues el detenido no podrá ser interrogado hasta la tarde. Es un extranjero que, casualmente, se topó con una pelea y fue confundido con el agresor. Se pasa casi dos días detenido.

Esta historia, aunque ficticia, suele ser frecuente en los juzgados de Balears. Pero se trata de uno más de los numerosos inconvenientes y problemas que tienen que resolver los jueces, no por los conflictos por los que tienen que pronunciarse sino por la falta de medios para trabajar con cierta normalidad.

El pasado miércoles, cuatro de cada diez magistrados de Palma decidieron dar un paso adelante en sus reivindicaciones e iniciaron una huelga que ha sido calificada de histórica. Aunque no todos los jueces secundaron la medida, la mayoría de ellos sí quiso sumarse a la concentración organizada frente al Palacio de Justicia. Estaban casi todos, tanto jueces de primera instancia e instrucción como magistrados del Tribunal Superior. Todos reclaman lo mismo: más medios para trabajar.

Pero, ¿cuáles son las deficiencias que sufren los jueces y que justifican una huelga? Una de las más graves es la elevada carga de trabajo. Un juzgado de instrucción puede tramitar cada año unos 4.000 asuntos, cuando la media que exige el Consejo General del Poder Judicial no alcanza los 800. Por tanto, se multiplica por cinco la carga de asuntos a tramitar en cada juzgado. Es cierto que no todos los asuntos tienen la misma gravedad. Muchos de ellos son denuncias de robos con autor desconocido. Se archivan la mayoría y es un trámite sencillo, pero es una carga que debe asumir el juzgado . "Cada día rezo para que no caiga en mi juzgado un caso importante. Si entra alguno hunde el juzgado", explica un juez de instrucción que tiene sobre la mesa más de una decena de expedientes que debe resolver hoy mismo.

Sin medios modernos

Frente a esta carga de trabajo lo normal sería que los jueces pudieran disfrutar de unos medios técnicos modernos. Nada más lejos de la realidad. No hay día que los ordenadores no se rompan. En muchos juzgados no hay fax y las impresoras no funcionan. En el juzgado de guardia cada semana los ordenadores suelen averiarse algún día. Y si no es el ordenador es la impresora, y si no, el teléfono o el fax. Así es imposible que los funcionarios puedan comprobar los antecedentes penales de un detenido. Y si no se comprueban los detenidos se ven privados de libertad más tiempo de lo necesario. "¿Como le explico a un ciudadano que acude a un juzgado de guardia porque tiene un grave problema que no le puedo atender porque mi ordenador no funciona? Es tercermundista", señala un funcionario.

Lo lógico es que si un ordenador se rompe exista un servicio técnico inmediato. Pero no es así. Desde el juzgado de Palma se tiene que llamar a Madrid. Desde allí se autoriza el aviso al técnico, pero si es en fin de semana no se trabaja. Si se rompe la impresora el sábado, hasta el lunes no se arregla.

La falta de medios es muy grave, pero no es el único problema que sufren los jueces. En Mallorca apenas existen peritos que auxilien a los jueces y los peritajes son una parte fundamental en el desarrollo de un caso.

Cuando se incauta una partida de droga, por ley es obligatorio determinar la composición de la sustancia y su pureza. Muchas veces se ha intervenido una sustancia pensando que se trata de cocaína y al final ha resultado ser harina. Pero quien lo ha comprobado ha sido un perito analista. En estos momentos los análisis tardan una media de seis meses en realizarse. Cada uno de los doce juzgados de instrucción de Palma solicita unos 2.000 análisis al año. La multiplicación es fácil. Y sólo hay una persona que realiza los análisis. Es lógico que tarde tanto tiempo en firmar su informe. Pero mientras lo hace puede que haya presos preventivos en la cárcel que deberían salir en libertad. "Si está en prisión no es culpa del juez, es culpa de un sistema sin recursos.

Ningún gobierno cree en la Justicia y ahora ya es un pozo sin fondo", señala un magistrado.

Hubo un juez que se atrevió a dar un paso adelante e incluso amenazó al delegado del Gobierno con iniciar un proceso contra él si el problema no se arreglaba. El delegado contestó al juez y le acusó de mear fuera del tiesto. Pero el problema sigue igual.

Edificio tercermundista

Capítulo aparte merecen los edificios judiciales. En Eivissa más que un juzgado parece una mazmorra, donde los funcionarios se ven obligados a trabajar en situaciones tercermundistas. Pero el edificio de Vía Alemania, en Palma, no está mucho mejor.

"Mientras estoy redactando una sentencia tengo un ojo en el ordenador y el otro mirando el agujero del techo. Una vez me cayó un cascote sobre la mesa y temo que vuelva a ocurrir lo mismo". Los techos del juzgado han tenido que derribarse para cambiar la instalación de las tuberías de agua y de calefacción. La imagen es deplorable. Parece un edificio en ruinas. Pero no es lo más grave. Ya no hay sitio ni para colocar más expedientes. Las piezas de convicción se acumulan en los despachos de los funcionarios porque no hay archivos.

Parece literalmente imposible localizar un expediente, porque es fácil que se traspapele.

Pero como si fuera un milagro al final todo sale. "Si un juzgado sale adelante es por el esfuerzo sobrehumano que hace el juez y la plantilla de funcionarios, que trabajan más de lo que deben", afirma un magistrado. El Ministerio no paga horas extras, pero ello no impide que muchos funcionarios acudan por la tarde a trabajar. "Hay que sacar el papel adelante. Al fin y al cabo somos un servicio público".

Una de las situaciones más graves la sufre el juzgado de ejecutorias. Se encarga de que se cumplan las sentencias que dictan el resto de jueces. El caos es tan grande que ni el refuerzo de otro juez y de otro secretario parece que vaya a solucionarlo. Hay más de 7.000 ejecutorias pendientes. ¿De qué sirve condenar si al final el sistema no hace cumplir las penas?

La solución ante tanta precariedad no es fácil. Hacen falta más juzgados, más jueces, más fiscales, más funcionarios y más peritos. Se calcula que en todo el estado son necesarios, al menos, mil juzgados más. El juez decano de Palma, Francisco Martínez, que compagina el trabajo de gestión con la titularidad del juzgado de vigilancia penitenciaria, calcula que sólo en primera instancia se necesitan al menos catorce juzgados nuevos.

Martínez es la voz reivindicativa de todos los jueces de Palma. Por una parte pide juzgados nuevos, pero por otra parte ya no sabe dónde instalarlos porque no hay espacio en los edificios judiciales. "Tendremos que buscar un piso franco", bromea.

Los jueces coinciden en que si el miércoles fue un día histórico, el próximo día 26 de junio la huelga será masiva.

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