¿…DE QUÉ SIRVE LA TRANSPARENCIA ?
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FECHA: 05/10/2007
AUTOR: C. Javier Ponce Flores
Uno de los retos que tenemos como país es lograr que el derecho de acceso a la información pública se convierta ahora, no sólo en una herramienta de los medios de comunicación o de los políticos, sino que sea un recurso de los ciudadanos para tomar decisiones en su vida personal.
El día de hoy, aquí en Monterrey, el Instituto Federal de Acceso a la Información y el Congreso del Estado de Nuevo León llevarán a cabo una reunión de trabajo para analizar el Código de Buenas Prácticas en Materia de Transparencia y Acceso a la Información.
Este trabajo es parte de una serie de reuniones regionales impulsadas por el IFAI para construir un documento que sirva como referente para que los Estados del país realicen las reformas necesarias en materia de acceso a la información, de acuerdo con los nuevos criterios y bases contenidos en la Constitución Federal.
Al filo del mediodía, tendremos en una misma mesa, a Diputados locales y Comisionados de Acceso a la Información de Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y, por supuesto, Nuevo León.
En este sentido, cabe recordar que el 20 de julio fue publicada la reforma al artículo 6 constitucional, que fija los criterios y bases para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública.
En los artículos transitorios de esa reforma se establece que los Congresos locales, e incluso el Congreso de la Unión, tienen un año para actualizar las leyes de acuerdo con las nuevas disposiciones.
Entre los principales avances está el hecho de que un ciudadano pueda solicitar información del gobierno sin necesidad de explicar para qué necesita esa información, es decir, sin justificar el interés jurídico.
Otro de los temas a regular es el que se refiere a que los gobiernos sólo pueden reservarse la información pública por algún tiempo, cuando se justifique que esa reserva es por el interés público, como sucede en el caso de la seguridad.
También se protegerá la información sobre la vida privada y los datos personales de los ciudadanos, para que sólo se utilice en los fines que se autorizan a los organismos de gobierno.
Se deben establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos el acceso fácil a la información que necesitan y, en caso de que se les niegue esta información, puedan reclamar ante organismos especializados y autónomos para que resuelvan el conflicto conforme a derecho.
Otro de los aspectos importantes es que las autoridades deben preservar sus documentos en archivos actualizados para que puedan localizar con rapidez la información y que no se niegue diciendo que no existe.
La información sobre los recursos que se entreguen a las personas físicas o morales también debe hacerse pública.
Y, también establece la constitución, que se debe sancionar a los funcionarios que nieguen, sin razón, la información que se les requiera.
Así pues, los servidores públicos que hoy trabajarán en el tema, van a contribuir con sus ideas para elaborar un documento que se va a poner a disposición de los legisladores que vamos a tener la responsabilidad de hacer las reformas para los ciudadanos tengan bien garantizado el acceso a la información pública.
La intención de este trabajo nacional es precisamente que los ciudadanos puedan acceder, de manera fácil y rápida, a la información que tiene el gobierno.
Conviene que estemos al tanto de estos avances legales que pueden ayudar a impulsar la cultura de la transparencia y que servirán para que tengamos la información debida para las decisiones de vida.
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