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TRAS LAS PISTAS DE LA CORRUPCIÓN
EN: LAPRENSAGRAFICA.COM
SITE: http://www.laprensagrafica.com
FECHA: 20/08/2007
... Los rastreos anticorrupción tienen que hacerse en todas las áreas de la administración pública, porque las tentaciones no tienen límites administrativos.
El escándalo desatado por la detección de conductas corruptas en el área de auditoria de la Corte de Cuentas de la República pone otra vez el índice sobre un tema que constituye uno de los peligros más graves para el sistema democrático del país: la corrupción en las áreas públicas. Esta no es una cuestión que pueda ser tratada como hechos incidentales, porque la corrupción es un cáncer institucional que hay que tratar a tiempo para que no haga metástasis. En el país hay corrupción, como en todas partes, pero la persecución de esta lacra tiene que ser oportuna y a fondo, para evitar que se llegue a lo que los especialistas llaman estado de corrupción, que se da cuando ya todo el sistema está infiltrado.
Es alentador que casos importantes de corrupción, como los indicados, vayan saliendo a la luz de la justicia, porque eso no sólo apunta al castigo de los culpables, sino que envía un mensaje preventivo para los que podrían caer en este tipo de conductas ilegales. Y, desde luego, abrir brecha implica que los rastreos anticorrupción tienen que hacerse en todas las áreas de la administración pública, porque las tentaciones no tienen límites administrativos. Esto significa que los controles de las conductas públicas deben funcionar con toda efectividad en los distintos niveles y ámbitos del cuerpo político y administrativo.
Para ello, las instituciones encargadas más directamente de velar por la probidad en el manejo de los asuntos públicos —como la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas de la República— deben estar, como instituciones, más allá de cualquier sospecha de indiferencia o favoritismo.
Cuidar la ética pública
En países como el nuestro, donde los mecanismos de control de toda clase de poder han sido endémicamente tan débiles y dependientes, la lucha contra los brotes de corrupción se vuelve aún más decisiva y compleja. No hay tradición de apertura de los archivos públicos, sino más bien, por el contrario, resistencia a ello. En esto tenemos que evolucionar mucho más. Porque la verdadera protección de la democracia no se hace en las batallas electorales sino en el sano y confiable ejercicio de la gestión pública, en todas sus dimensiones y manifestaciones.
Cuando hay algún señalamiento de corrupción que provenga de los ámbitos ciudadanos, la actitud cómoda desde la institucionalidad es demandar que el señalamiento se acompañe de la correspondiente prueba, cuando es la institucionalidad la que debe examinar y procesar cualquier señal al respecto, ya que cuenta con los mecanismos de investigación adecuados. Desde luego, hay que saber distinguir entre los señalamientos maliciosos y los que pueden tener una base objetiva.
La ética pública debe ser debidamente salvaguardada, y esto arranca desde la selección de candidatos a puestos de elección popular y el nombramiento de funcionarios hasta el efectivo funcionamiento de los mecanismos de control por medio de entes especializados, como el Tribunal de Ética Gubernamental recién creado. El comportamiento ético es a la vez una actitud personal y una obligación institucional.
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FECHA: 20/08/2007
... Los rastreos anticorrupción tienen que hacerse en todas las áreas de la administración pública, porque las tentaciones no tienen límites administrativos.
El escándalo desatado por la detección de conductas corruptas en el área de auditoria de la Corte de Cuentas de la República pone otra vez el índice sobre un tema que constituye uno de los peligros más graves para el sistema democrático del país: la corrupción en las áreas públicas. Esta no es una cuestión que pueda ser tratada como hechos incidentales, porque la corrupción es un cáncer institucional que hay que tratar a tiempo para que no haga metástasis. En el país hay corrupción, como en todas partes, pero la persecución de esta lacra tiene que ser oportuna y a fondo, para evitar que se llegue a lo que los especialistas llaman estado de corrupción, que se da cuando ya todo el sistema está infiltrado.
Es alentador que casos importantes de corrupción, como los indicados, vayan saliendo a la luz de la justicia, porque eso no sólo apunta al castigo de los culpables, sino que envía un mensaje preventivo para los que podrían caer en este tipo de conductas ilegales. Y, desde luego, abrir brecha implica que los rastreos anticorrupción tienen que hacerse en todas las áreas de la administración pública, porque las tentaciones no tienen límites administrativos. Esto significa que los controles de las conductas públicas deben funcionar con toda efectividad en los distintos niveles y ámbitos del cuerpo político y administrativo.
Para ello, las instituciones encargadas más directamente de velar por la probidad en el manejo de los asuntos públicos —como la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas de la República— deben estar, como instituciones, más allá de cualquier sospecha de indiferencia o favoritismo.
Cuidar la ética pública
En países como el nuestro, donde los mecanismos de control de toda clase de poder han sido endémicamente tan débiles y dependientes, la lucha contra los brotes de corrupción se vuelve aún más decisiva y compleja. No hay tradición de apertura de los archivos públicos, sino más bien, por el contrario, resistencia a ello. En esto tenemos que evolucionar mucho más. Porque la verdadera protección de la democracia no se hace en las batallas electorales sino en el sano y confiable ejercicio de la gestión pública, en todas sus dimensiones y manifestaciones.
Cuando hay algún señalamiento de corrupción que provenga de los ámbitos ciudadanos, la actitud cómoda desde la institucionalidad es demandar que el señalamiento se acompañe de la correspondiente prueba, cuando es la institucionalidad la que debe examinar y procesar cualquier señal al respecto, ya que cuenta con los mecanismos de investigación adecuados. Desde luego, hay que saber distinguir entre los señalamientos maliciosos y los que pueden tener una base objetiva.
La ética pública debe ser debidamente salvaguardada, y esto arranca desde la selección de candidatos a puestos de elección popular y el nombramiento de funcionarios hasta el efectivo funcionamiento de los mecanismos de control por medio de entes especializados, como el Tribunal de Ética Gubernamental recién creado. El comportamiento ético es a la vez una actitud personal y una obligación institucional.
Tags: archivos públicos, seguridad, El Salvador
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