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UN INFORME ENCARGADO POR LA JUNTA CIFRA EN 12 MILLONES DE EUROS LA INVERSIÓN NECESARIA PARA ADECUAR LOS ARCHIVOS JUDICIALES EN CASTILLA Y LEÓN
EN: EL ADELANTADO
SITE: http://www.eladelantado.com
Fecha: 24/06/2007
Como soluciones, el estudio recomienda poner en marcha los archivos de gestión, crear los archivos territoriales y poner en funcionamiento las juntas de expurgo
ICAL - Valladolid
Los archivos judiciales en Castilla y León necesitarían, como mínimo, una inversión de unos 12 millones de euros para mejorar su actual situación, según se desprende de un informe encargado por la Junta y al que tuvo acceso Ical, que se enmarca en los trabajos que desarrolla la Gerencia regional de Justicia para conocer la situación real ante una posible transferencia de las competencias.
En concreto, el citado estudio considera que tendrían que invertirse 2,5 millones de euros en la contratación de personal para la organización de fondos, así como para la adecuación de espacios e infraestructuras y dotarlas de las aplicaciones informáticas necesarias.
Sin embargo, el grueso del montante global, con 9,6 millones de euros, se destinaría a la contratación de personal y disposición de infraestructuras para la puesta en marcha de los archivos de gestión y las juntas de expurgo, así como a la creación de archivos territoriales.
Ante la situación de los archivos judiciales, el informe encargado por la Junta de Castilla y León propone tres medidas urgentes a adoptar. En primer lugar, poner en marcha los archivos de gestión. En segundo, crear los archivos territoriales y, en tercero, poner en funcionamiento las juntas de expurgo. Todo ello en cumplimiento del desarrollo técnico del Real Decreto 937/2003.
Además, se aboga por la integración del sistema de archivos judiciales de Castilla y León en el sistema de archivos de la Comunidad, tanto desde el punto de vista orgánico como desde el funcional. Para todo ello, se recomienda la elaboración de un plan de aplicación de estas soluciones, así como un calendario para su desarrollo.
Otra de las posibles soluciones que apunta el estudio es el traslado de la documentación al Archivo Histórico Provincial, con ciertas ventajas: salvaguardar con garantías la mayor parte del patrimonio documental, permitiría vaciar los archivos judiciales y facilitar su gestión, mejoraría el tráfico documental y normalizaría los procesos documentales.
Sin embargo, esta medida también tiene inconvenientes; así, al no existir juntas de expurgo se podría trasladar material sin consideración sobre su validez o nulidad, se sobrecargaría con un exceso de trabajo a los archivos históricos.
Tras este análisis, el informe señala que esta solución podría aplicarse en las provincias de Ávila, Palencia y Soria, donde sus respectivos archivos históricos provinciales disponen de un espacio suficiente para acometer una entrada masiva de documentación judicial. En cuanto a Burgos, León y Valladolid, señala que los archivos históricos están saturados y que en un caso similar se situarían las provincias de Salamanca y Zamora.
Así, para León, el informe no considera urgente un traslado de la documentación. En Burgos y Valladolid, recomienda la disposición de nuevos espacios para almacenar debidamente la documentación.
Una de las conclusiones del informe respecto a la situación actual de los archivos judiciales indica que los centros en los que se acumula una documentación más antigua suelen coincidir con los que se encuentran en peores condiciones. Además, añade a esto que la situación empeora cuando la sede no se encuentra en la capital de provincia.
Otra de las causas que señala para la desorganización de la documentación es la inexistencia de una distribución compartiimentada del archivo y que, por tanto, varios juzgados compartan el mismo espacio físico. Este es el caso de Valladolid.
En la relación de la situación por provincias, el estudio destaca el caso de León que “siendo una de las provincias que tiene un mayor volumen de documentación, es también una de las provincias con mejores condiciones”. Esto se debe en parte a que cuenta con un único edificio judicial y de nueva construcción.
El informe también destaca la situación de Zamora, Segovia y Salamanca, donde la situación también es positiva que se atribuye a la relación con el Archivo Histórico Provincial y a las distintas transferencias de documentación que ayudan a mejorar la situación de los archivos judiciales.
Finalmente, en cuanto al análisis de la situación actual, el informe denuncia que muchas de las estancias utilizadas como depósito para estos archivos no cumplen los requisitos mínimos, que en muchos casos no son de uso exclusivo para conservar la documentación y que en muchos archivos judiciales hay una ausencia de un “criterio único” para organizar la documentación.
Además, denuncia que la situación empeora en las sedes que están fuera de las capitales de provincias, así como la no constitución de las juntas de expurgo, salvo en la provincia de Burgos. Sin embargo, en el apartado positivo el estudio resalta que estos problemas no suelen reproducirse en los juzgados de reciente creación.
El informe encargado por la Junta de Castilla y León elabora también un diagnóstico de la situación en la que se encuentran las diferentes provincias. De Ávila señala el cierto grado de desahogo de la mayor parte de los archivos, debido al traslado de la documentación al Archivo Histórico Provincial. Aún así, existen casos de saturación en el Juzgado de los Social número 1, así como en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de fuera de la capital.
Respecto a Burgos, considera urgente la creación de soluciones para una gran cantidad de documentación que supera las posibilidades físicas de los depósitos habilitados. Aquí, son también los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de fuera de la capital de provincia los que presentan una peor situación.
En cuanto a León, el estudio resalta que las transferencias realizadas al Archivo Histórico Provincial y la concentración en una sede de los juzgados en la capital permite una correcta instalación y organización de los archivos judiciales. De Palencia y Soria, destaca su similitud con el caso de Ávila, también con ciertos problemas en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, así como fuera de la capital de provincia.
Para la provincia de Salamanca se diagnostica una “correcta y suficiente” organización en los archivos, debido a una recogida “casi sistemática” de la documentación judicial por parte del Archivo Histórico Provincial, aunque con problemas, como en todos los casos, fuera de la capital de provincia. Una situación que se reproduce en Segovia y Zamora.
El informe asegura que Valladolid es la provincia que presenta una peor situación en cuanto a los archivos judiciales, debido a la acumulación de material, además de ser la provincia con un mayor volumen de instancias judiciales. Aquí, el estudio añade que es peor la situación en la capital que en el resto de localidades, al contrario de lo que ocurre en general.
EN: EL ADELANTADO
SITE: http://www.eladelantado.com
Fecha: 24/06/2007
Como soluciones, el estudio recomienda poner en marcha los archivos de gestión, crear los archivos territoriales y poner en funcionamiento las juntas de expurgo
ICAL - Valladolid
Los archivos judiciales en Castilla y León necesitarían, como mínimo, una inversión de unos 12 millones de euros para mejorar su actual situación, según se desprende de un informe encargado por la Junta y al que tuvo acceso Ical, que se enmarca en los trabajos que desarrolla la Gerencia regional de Justicia para conocer la situación real ante una posible transferencia de las competencias.
En concreto, el citado estudio considera que tendrían que invertirse 2,5 millones de euros en la contratación de personal para la organización de fondos, así como para la adecuación de espacios e infraestructuras y dotarlas de las aplicaciones informáticas necesarias.
Sin embargo, el grueso del montante global, con 9,6 millones de euros, se destinaría a la contratación de personal y disposición de infraestructuras para la puesta en marcha de los archivos de gestión y las juntas de expurgo, así como a la creación de archivos territoriales.
Ante la situación de los archivos judiciales, el informe encargado por la Junta de Castilla y León propone tres medidas urgentes a adoptar. En primer lugar, poner en marcha los archivos de gestión. En segundo, crear los archivos territoriales y, en tercero, poner en funcionamiento las juntas de expurgo. Todo ello en cumplimiento del desarrollo técnico del Real Decreto 937/2003.
Además, se aboga por la integración del sistema de archivos judiciales de Castilla y León en el sistema de archivos de la Comunidad, tanto desde el punto de vista orgánico como desde el funcional. Para todo ello, se recomienda la elaboración de un plan de aplicación de estas soluciones, así como un calendario para su desarrollo.
Otra de las posibles soluciones que apunta el estudio es el traslado de la documentación al Archivo Histórico Provincial, con ciertas ventajas: salvaguardar con garantías la mayor parte del patrimonio documental, permitiría vaciar los archivos judiciales y facilitar su gestión, mejoraría el tráfico documental y normalizaría los procesos documentales.
Sin embargo, esta medida también tiene inconvenientes; así, al no existir juntas de expurgo se podría trasladar material sin consideración sobre su validez o nulidad, se sobrecargaría con un exceso de trabajo a los archivos históricos.
Tras este análisis, el informe señala que esta solución podría aplicarse en las provincias de Ávila, Palencia y Soria, donde sus respectivos archivos históricos provinciales disponen de un espacio suficiente para acometer una entrada masiva de documentación judicial. En cuanto a Burgos, León y Valladolid, señala que los archivos históricos están saturados y que en un caso similar se situarían las provincias de Salamanca y Zamora.
Así, para León, el informe no considera urgente un traslado de la documentación. En Burgos y Valladolid, recomienda la disposición de nuevos espacios para almacenar debidamente la documentación.
Una de las conclusiones del informe respecto a la situación actual de los archivos judiciales indica que los centros en los que se acumula una documentación más antigua suelen coincidir con los que se encuentran en peores condiciones. Además, añade a esto que la situación empeora cuando la sede no se encuentra en la capital de provincia.
Otra de las causas que señala para la desorganización de la documentación es la inexistencia de una distribución compartiimentada del archivo y que, por tanto, varios juzgados compartan el mismo espacio físico. Este es el caso de Valladolid.
En la relación de la situación por provincias, el estudio destaca el caso de León que “siendo una de las provincias que tiene un mayor volumen de documentación, es también una de las provincias con mejores condiciones”. Esto se debe en parte a que cuenta con un único edificio judicial y de nueva construcción.
El informe también destaca la situación de Zamora, Segovia y Salamanca, donde la situación también es positiva que se atribuye a la relación con el Archivo Histórico Provincial y a las distintas transferencias de documentación que ayudan a mejorar la situación de los archivos judiciales.
Finalmente, en cuanto al análisis de la situación actual, el informe denuncia que muchas de las estancias utilizadas como depósito para estos archivos no cumplen los requisitos mínimos, que en muchos casos no son de uso exclusivo para conservar la documentación y que en muchos archivos judiciales hay una ausencia de un “criterio único” para organizar la documentación.
Además, denuncia que la situación empeora en las sedes que están fuera de las capitales de provincias, así como la no constitución de las juntas de expurgo, salvo en la provincia de Burgos. Sin embargo, en el apartado positivo el estudio resalta que estos problemas no suelen reproducirse en los juzgados de reciente creación.
El informe encargado por la Junta de Castilla y León elabora también un diagnóstico de la situación en la que se encuentran las diferentes provincias. De Ávila señala el cierto grado de desahogo de la mayor parte de los archivos, debido al traslado de la documentación al Archivo Histórico Provincial. Aún así, existen casos de saturación en el Juzgado de los Social número 1, así como en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de fuera de la capital.
Respecto a Burgos, considera urgente la creación de soluciones para una gran cantidad de documentación que supera las posibilidades físicas de los depósitos habilitados. Aquí, son también los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de fuera de la capital de provincia los que presentan una peor situación.
En cuanto a León, el estudio resalta que las transferencias realizadas al Archivo Histórico Provincial y la concentración en una sede de los juzgados en la capital permite una correcta instalación y organización de los archivos judiciales. De Palencia y Soria, destaca su similitud con el caso de Ávila, también con ciertos problemas en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, así como fuera de la capital de provincia.
Para la provincia de Salamanca se diagnostica una “correcta y suficiente” organización en los archivos, debido a una recogida “casi sistemática” de la documentación judicial por parte del Archivo Histórico Provincial, aunque con problemas, como en todos los casos, fuera de la capital de provincia. Una situación que se reproduce en Segovia y Zamora.
El informe asegura que Valladolid es la provincia que presenta una peor situación en cuanto a los archivos judiciales, debido a la acumulación de material, además de ser la provincia con un mayor volumen de instancias judiciales. Aquí, el estudio añade que es peor la situación en la capital que en el resto de localidades, al contrario de lo que ocurre en general.
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