LA JUNTA CONVOCA QUINCE BECAS PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVOS

EN: EL DIGITAL CASTILLA - LAMANCHA
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FECHA: 30/12/2006

EL PLAZO CONCLUYE EL DÍA 16

La Consejería de Administraciones Públicas ha aprobado una resolución por la que se convocan quince becas de formación en el ámbito de la gestión de archivos, tres por cada una de las provincias de la región, y con las que la Junta de Comunidades pretende proporcionar a los beneficiarios la formación práctica necesaria para acceder, posteriormente, a este tipo de puestos de trabajo.

El plazo para optar a las becas, que aparecieron publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado 27 de diciembre, concluye el día 16 de enero, pudiéndose presentar las solicitudes a la Secretaría General de la Consejería de Administraciones Públicas, llamar al Teléfono Único de Información 012 o bien tramitarlas a través de la página web de la Junta de Comunidades.

Con una duración máxima de cinco meses, la Consejería de Administraciones Públicas destinará a su financiación un total de 51.870 euros, estando previsto que la convocatoria se resuelva en un plazo máximo de tres meses.

Pueden aspirar a ellas los licenciados en Geografía e Historia, Humanidades, Biblioteconomía y Documentación o Ciencias de la Administración, así como diplomados en Gestión y Administración Pública o en Biblioteconomía, Documentación y Archivística, así como cualquier licenciado o diplomado que posea un master, curso de postgrado u otro título universitario de especialización en materia de archivos.

Teniendo en cuenta la experiencia de convocatorias anteriores, la Consejería ha ampliado hasta 10 años el período que podrá haber transcurrido desde la finalización de los estudios acreditativos del título académico exigido.

Los archivos son, para la Junta de Comunidades, instrumentos necesarios para fomentar la eficacia de los servicios públicos y proteger el derecho de acceso de todas las personas a la información contenida en los mismos, motivo por el cual se convocan estas becas que buscan que estos servicios y prestaciones leguen en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos.