EL GOBIERNO UNIFICA LOS ARCHIVOS DE ADN PARA LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
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FECHA: 02/12/2006
AUTOR: M. S.-P./COLPISA. MADRID
Un solo archivo contendrá todos los datos genéticos relacionados con grandes investigaciones criminales. El Consejo de Ministros envió ayer al Parlamento el proyecto de ley de base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, que unificará los cuatro registros que actualmente tiene el Ministerio del Interior.
Todos estos datos, hasta ahora gestionados por las direcciones de la Policía y de la Guardia Civil, pasarán a estar controlados directamente por la Secretaría de Estado de Seguridad a través de un software conocido como CODIS, que ha sido facilitado gratuitamente por el FBI estadounidense.
Esta herramienta informática -informó ayer el Gobierno- deja la puerta abierta a la integración de los datos procedentes de otras bases, como pudieran ser los ficheros de policías autonómicas o del Instituto Nacional de Toxicología.
Perfiles genéticos
En esta nueva macrobase de datos estarán incluidos perfiles genéticos relacionados sólo con ilícitos de «especial gravedad o generadores de alarma social», como los delitos contra la vida, la integridad de las personas, la libertad sexual, el robo con fuerza o violencia, así como los delitos de terrorismo y casos relacionados con delincuencia organizada.
La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que el proyecto de ley garantizará la intimidad de los sospechosos y las víctimas. Así, únicamente se inscribirán los datos genéticos relativos a la identidad de la persona y su sexo, y «quedará garantizada la rigurosidad de los análisis que sólo podrán realizarse en laboratorios debidamente acreditados y homologados». Todo ello, «bajo la dirección de la autoridad judicial».
El acceso a esos datos será muy restringido. Únicamente podrán ser utilizados por las unidades de Policía Judicial y las autoridades judiciales y fiscales y -señala el proyecto- los perfiles «sólo podrán ser cedidos a las autoridades judiciales, fiscales o policiales de terceros países o a las policías autonómicas y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)». Esta base estará catalogada con un nivel de seguridad «alto», lo que implica que la administración tendrá un «conocimiento preciso y pormenorizado» de todas las personas que accedan al archivo.
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