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LOS ARCHIVEROS ESPAÑOLES SE MOVILIZAN EN DEFENSA DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS
EN: ABC.ES
SITE:http://www.abc.es/20061116/cultura-patrimonio/archiveros-espanoles-movilizan-defensa_200611160243.html
FECHA: 16/11/2006
AUTOR: JESÚS GARCÍA CALERO
En medio de la polémica por el Archivo de la Corona de Aragón y las reivindicaciones de parte de sus fondos incluidas en el nuevo Estatuto catalán, los archiveros españoles han decidido movilizarse para pedir rigor y despolitización, necesarias para este debate.
Estructurados en asociaciones de ámbito autonómico por regla general, ahora acaban de fundar una asociación de carácter nacional y con ambición de velar por los archivos públicos, por su integridad y buena gestión, al margen de vaivenes políticos. Esta asociación, llamada «Archiveros españoles en la función pública (AEFP)» ha celebrado una asamblea general y ha redactado un manifiesto que define su ámbito de acción.
Se rompe la baraja
Uno de los elementos que más ha pesado en los profesionales para esta movilización es la posibilidad de que en el Corona de Aragón se traspase la titularidad de los fondos «propios de Cataluña» que exige el Estatuto. Lo ocurrido en Salamanca no tranquiliza a los archiveros, precisamente. Para los portavoces de la nueva asociación eso sería como «romper la baraja».
Opinan que hay que trasferir la gestión en todo caso y bajo estrictas condiciones. La política hasta ahora ha sido que los archivos que afectan a más de una comunidad autónoma los gestiona directamente el Ministerio de Cultura y la titularidad es suya, según la Constitución (art. 148 y 149).
«La política ha sido hasta ahora trasferir la gestión de lo que afectaba a una comunidad exclusivamente», continúan. Pero en el Archivo de Indias, por ejemplo, la titularidad la tiene el Estado y la gestión también. Ocurre lo mismo en Simancas. Y en el de la Guerra Civil, hasta ahora, también había ocurrido. «En el Corona de Aragón será donde se puede romper la baraja. Es el primer Patronato que asume participación de varias Comunidades».
Los archiveros de AEFP se preguntan por qué no se hace lo mismo con la Real Chancillería de Valladolid. cuyos fondos afectan del Tajo hacia el norte: Galicia, Asturias, País Vasco y Castilla y León, pero que no tiene patronato con representación paritaria o proporcional de las comunidades afectadas. Además ven una falta de coherencia en el caso de la Real Chancillería de Granada, cuya gestión se trasfirió a la Junta de Andalucía, aunque afecta a Castilla-La Mancha y Extremadura.
En definitiva, algunas de estas reflexiones se han puesto por escrito en el Manifiesto de AEFP, que denuncia la falta de voluntad política para regular una correcta gestión y accesibilidad de los archivos públicos a los ciudadanos, siendo fundamentales para la transparencia administrativa de la democracia. Subrayan los miembros de la nueva asociación que además son fuentes de la memoria colectiva, y por ello denuncian las carencias de infraestructuras, dotación y de legislación.
El carné de investigador
«Los archivos son mucho más que un lugar de investigación sobre el pasado remoto, abierto sólo a un reducido número de eruditos -dicen-». Entre las denuncias también destacan el proceso de externalización de la custodia de documentos del Estado en empresas privadas y también la falta de regulación de acceso a los archivos de Justicia militar. La retirada del carnet de investigador como medida democratizadora llevada a cabo por el Gobierno el pasado 3 de noviembre es calificada como demagógica por los archiveros: «Si de verdad se quiere abrir los archivos para dar un servicio digno a la sociedad democrática, primero debe hacerse que los documentos estén custodiados en condiciones dignas, ordenados según criterios profesionales bajo leyes armonizadas y no el cúmulo desigual de normas autonómicas de la actualidad, una legislación que es dispersa, distinta y confusa, según los lugares desde los que se emite. Hoy en día hay un retroceso de disponibilidad de los documentos a medida que pasan los años. Es urgente ponerse a ello», concluyen.
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EN: ABC.ES
SITE:http://www.abc.es/20061116/cultura-patrimonio/archiveros-espanoles-movilizan-defensa_200611160243.html
FECHA: 16/11/2006
AUTOR: JESÚS GARCÍA CALERO
En medio de la polémica por el Archivo de la Corona de Aragón y las reivindicaciones de parte de sus fondos incluidas en el nuevo Estatuto catalán, los archiveros españoles han decidido movilizarse para pedir rigor y despolitización, necesarias para este debate.
Estructurados en asociaciones de ámbito autonómico por regla general, ahora acaban de fundar una asociación de carácter nacional y con ambición de velar por los archivos públicos, por su integridad y buena gestión, al margen de vaivenes políticos. Esta asociación, llamada «Archiveros españoles en la función pública (AEFP)» ha celebrado una asamblea general y ha redactado un manifiesto que define su ámbito de acción.
Se rompe la baraja
Uno de los elementos que más ha pesado en los profesionales para esta movilización es la posibilidad de que en el Corona de Aragón se traspase la titularidad de los fondos «propios de Cataluña» que exige el Estatuto. Lo ocurrido en Salamanca no tranquiliza a los archiveros, precisamente. Para los portavoces de la nueva asociación eso sería como «romper la baraja».
Opinan que hay que trasferir la gestión en todo caso y bajo estrictas condiciones. La política hasta ahora ha sido que los archivos que afectan a más de una comunidad autónoma los gestiona directamente el Ministerio de Cultura y la titularidad es suya, según la Constitución (art. 148 y 149).
«La política ha sido hasta ahora trasferir la gestión de lo que afectaba a una comunidad exclusivamente», continúan. Pero en el Archivo de Indias, por ejemplo, la titularidad la tiene el Estado y la gestión también. Ocurre lo mismo en Simancas. Y en el de la Guerra Civil, hasta ahora, también había ocurrido. «En el Corona de Aragón será donde se puede romper la baraja. Es el primer Patronato que asume participación de varias Comunidades».
Los archiveros de AEFP se preguntan por qué no se hace lo mismo con la Real Chancillería de Valladolid. cuyos fondos afectan del Tajo hacia el norte: Galicia, Asturias, País Vasco y Castilla y León, pero que no tiene patronato con representación paritaria o proporcional de las comunidades afectadas. Además ven una falta de coherencia en el caso de la Real Chancillería de Granada, cuya gestión se trasfirió a la Junta de Andalucía, aunque afecta a Castilla-La Mancha y Extremadura.
En definitiva, algunas de estas reflexiones se han puesto por escrito en el Manifiesto de AEFP, que denuncia la falta de voluntad política para regular una correcta gestión y accesibilidad de los archivos públicos a los ciudadanos, siendo fundamentales para la transparencia administrativa de la democracia. Subrayan los miembros de la nueva asociación que además son fuentes de la memoria colectiva, y por ello denuncian las carencias de infraestructuras, dotación y de legislación.
El carné de investigador
«Los archivos son mucho más que un lugar de investigación sobre el pasado remoto, abierto sólo a un reducido número de eruditos -dicen-». Entre las denuncias también destacan el proceso de externalización de la custodia de documentos del Estado en empresas privadas y también la falta de regulación de acceso a los archivos de Justicia militar. La retirada del carnet de investigador como medida democratizadora llevada a cabo por el Gobierno el pasado 3 de noviembre es calificada como demagógica por los archiveros: «Si de verdad se quiere abrir los archivos para dar un servicio digno a la sociedad democrática, primero debe hacerse que los documentos estén custodiados en condiciones dignas, ordenados según criterios profesionales bajo leyes armonizadas y no el cúmulo desigual de normas autonómicas de la actualidad, una legislación que es dispersa, distinta y confusa, según los lugares desde los que se emite. Hoy en día hay un retroceso de disponibilidad de los documentos a medida que pasan los años. Es urgente ponerse a ello», concluyen.
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