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LEAN ESTE ARTÍCULO PUBLICADO POR Isaac López EN EL 2003: HISTORIADORES Y CRONISTAS.
EN: Presente y Pasado. Revista de Historia. ISSN: 1316-1369. Año 8. Volumen 8. Nº16.Julio-Diciembre, 2003. Isaac López, pp, 49-66
SITE:http://www.saber.ula.ve/cgi-win/be_alex.exe?Documento=T016300001895/6&term_termino_2=e:/alexandr/
db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/presenteypasado/ano8vol8_num16/
lopez_isaac.pdf&term_termino_3=&Nombrebd=saber.
FECHA: Julio - Diciembre 2003
NOTAS: Cuando nos encontramos a las puertas de un "NUEVO PROYECTO DE RESCATE DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN" me he permitido presentarles este artículo publicado en el 2003 por la revista Presente y Pasado, y cuyo autor es Isaac López, para que hagan una retrospectiva y analisen su contenido de suma importancia y actualidad en todo lo concerniente al "SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS". He decidido resaltar algunas frases para ubicar al lector en algunos párrafos que ha mi juicio son de lo más certeros en su apreciación.
RESUMEN
El siguiente trabajo pretende establecer algunas líneas de reflexión sobre la situación de los Archivos Venezolanos, partiendo del papel de los cronistas municipales en el rescate de la memoria documental del país y la falta de coherencia en las políticas del Archivo General de la Nación. Se aborda el análisis de las propuestas de la Asociación Nacional de Cronistas Oficiales de Venezuela, de las Propuestas de Desarrollo del Sistema Nacional de Archivos por parte del Archivo General de la Nación y de Ordenanzas Municipales sobre el cargo de Cronista de ciudades como Caracas, Maracaibo, Coro, Ciudad Bolívar y Barquisimeto.
Palabras Claves: Archivos Venezolanos, Política Archivística, Archivo General de la Nación, Cronistas Municipales, Sistema Nacional de Archivos.
ABSTRACT
The purpose of the following work is to draw attention to the situation of the Venezuelan Historical Archive,
starting from the role played by municipal chroniclers in maintaining the documentary history of country and
the lack of a coherent policy with respect to the General Archive of the nation. An examination is made of pro
posals from the National Association of Official Chroniclers in Venezuela, of proposals for developing the national archive system from the national General Archive, and municipal regulations pertaining to the work of chroniclers in cities such as Caracas, Maracaibo, Coro, Cuidad Bolívar and Barquisimeto.
Key words: Venezuelan archive, archive policy, General Archive of the nation, municipal chroniclers, national archive system.
*
Este artículo fue culminado octubre 2003 y aprobada su publicación en diciembre 2003. [Nota del Comité de Redacción]
** Licenciado en Historia (U.L.A). Candidato a Magíster en Historia de Venezuela (U.C.A.B). Profesor Instructor de la Escuela de Historia de la U.L.A. para las Cátedras de Paleografía y Prácticas de Archivo, Historia Colonial de Venezuela y Archivos Venezolanos y su organización. Miembro del Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela de la U.L.A. Email: isaac_abraham60@ hotmail.com Historiadores y Cronistas. Archivos.., Isaac López, pp, 49-66
INTRODUCCIÓN
Sin fuentes primarias documentales el trabajo para el archivero, el historiador y el cronista se torna complicado, sin fuentes primarias el quehacer de esos oficiantes es nulo, pierde su sentido y su razón de ser. Es ya una constante, un discurso repetitivo, el exponer la precaria situación de los archivos venezolanos. Un rosario de lamentos sobre deficiencias en las instalaciones, deterioro de soportes, almacenamiento indiscriminado de papel, sustracciones, microorganismos y eliminación, desvalorización del cargo del archivero, fallas presupuestarias… Uno de los problemas reiteradamente señalados en los diversos diagnósticos realizados sobre el particular es la referida a la falta de compromiso de los profesionales de la archivística en el salvamento de la memoria escrita. De esa realidad se desprende el que en algunas regiones del país, profesionales de la historia hayan asumido la organización de archivos. Casos como los de Carlos González Batista en el Archivo Histórico de Coro, Luis Dovale Prado y Marilín Chirinos en el Archivo del Municipio Miranda en la misma ciudad, María García en el Archivo Histórico de Guayana, Jorge Arias y Magdalena Vanegas en el Archivo Histórico de Guanare,
Juan Alonso Molina en el Archivo General de la Asamblea Legislativa del Estado Lara o el equipo pionero coordinado por la Profesora Milagros Contreras en el Archivo General del Estado Mérida, dan testimonio de la preocupación de los investigadores de la historia por la situación de las fuentes primarias.
Particularmente unida a la situación del compromiso de los profesionales egresados de las Escuelas de Archivología con la situación de los repositorios documentales, está la falta de políticas coherentes, dinámicas y claras por parte del Archivo General de la Nación, órgano encargado de velar por el eficiente manejo de los archivos de acuerdo a la derogada Ley de Archivos Nacionales de 1945 y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del año 2001.
En diversas oportunidades el Archivo General de la Nación ha
pretendido acometer la tarea de crear un sistema nacional de archivos que articule los distintos centros documentales regionales, sin embargo al no producirse propuestas sustentadas en sólidos marcos conceptuales y políticas de acción coherentes, dicha tarea no ha pasado una y otra vez de las buenas intenciones.
En la constante formulación de planes de acción para salvar la memoria documental venezolana, el Archivo General de la Nación planteó en 1998 que los cronistas oficiales deberían ser los encargados de los archivos de los municipios del país en la intención de crear las bases de un sistema nacional de archivos cuyo sustento fuera el municipio. El cuestionamiento a esta propuesta se expresó en señalar la falta de formación archivística de los encargados de resguardar la memoria de localidades y regiones, lo cual en lugar de tender a la solución de los problemas planteados contribuiría a su agudización.
Este espacio ofrece una excelente oportunidad para introducir algunos planteamientos sobre la relación entre historiadores, cronistas y archiveros y su papel en el rescate y preservación de la memoria regional y nacional, es decir, en el quehacer histórico. Expondremos a continuación la reflexión de los Cronistas Oficiales de Venezuela sobre su tarea, los planteamientos del Archivo General de la Nación en torno a la creación del Sistema Nacional de Archivos y las formulaciones de un conjunto de ordenanzas municipales sobre la labor del cronista frente a los archivos, la investigación histórica y el
patrimonio cultural.
ESOS VIEJITOS, CANCERVEROS DE LA HISTORIA
En el medio universitario venezolano –espacio desde el cual escribimos- los cronistas de pueblos y ciudades siempre fueron vistos con desdén. Desde la comunidad de intelectuales se les observó como custodios de las verdades absolutas de la Historia Nacional, guardianes celosos de los hechos gloriosos de la patria, portadores de una palabrería farragosa donde el análisis, la crítica y la reflexión sobre los hechos históricos no cabían. Anticuarios, atesoradores de reliquias, fueran documentos con firmas de los héroes de la nacionalidad, libros antiguos o tiestos rqueológicos.
Discurseadotes en las fechas patrias y en la plaza pública, encargados de dar continuidad a la exaltación de la Historia Patria y conocedores al minimun de los detalles del transcurrir de la aldea y de las glorias del país, los cronistas nunca gozaron del aprecio de los investigadores de la historia. Siempre hacia ellos se estableció una crítica severa y rígida, no exenta de displicencia y burla.
En los últimos tiempos se ha resquebrajado un tanto esa percepción, cuando dedicados historiadores como Reynaldo Rojas, José Marcial Ramos Guedez, Coromoto Méndez o Guillermo Durán, entre otros, han asumido el cargo de cronistas municipales. También cuando la practica ha dado que la profesionalización de la historia no garantiza que los egresados universitarios no caigan en las mismas distorsiones y deficiencias anotadas para los cronistas tradicionales.
Pero con mayor firmeza y profundidad, cuando los investigadores de la Historia Regional han valorado con objetividad libre de prejuicios los aportes y realizaciones de esos historiadores tradicionales de ciudades y pueblos en cuanto a un trabajo pionero de reconstrucción de hechos, localización de fuentes documentales o recolección de testimonios orales.
La figura del Cronista Oficial de pueblos y ciudades surgió en 1945, cuando el Concejo Municipal de Caracas sancionó la Ordenanza sobre Defensa del Patrimonio Histórico de la ciudad, en la cual se establecieron las responsabilidades que sobre el particular debía ejercer. 1
En la introducción a un puntual trabajo sobre el régimen legal del oficio de Cronista, escrito por el poeta y abogado Freddy Castillo Castellanos, Wilfredo Bolívar –Presidente de la Asociación Nacional de Cronistas Oficiales de Venezuela para el momento- indica que “aquel primer instrumento jurídico estableció la designación de un “Cronista de la Ciudad”, concediéndosele funciones específicas como custodia del archivo y anales de la ciudad, investigación y divulgación de reseñas inéditas, publicaciones relacionadas con la historia y tradición, vigilancia y conservación de monumentos y reliquias históricas, así como la responsabilidad de dirigir un Boletín Mensual con sus investigaciones, orientar al Concejo Municipal en iniciativas útiles al cabildo y brindar información sobre materias de su competencia.”2
Reseña Bolívar que para 1968 existían cronistas oficiales en Mérida, San Cristóbal, Valera, Boconó, Trujillo, Maracay, Puerto Cabello, Barquisimeto, Cumaná, Porlamar, San Felipe, Churuguara, San Carlos, Valencia, Maracaibo, Barcelona, Barinas, Petare, Caracas yAraure. Ese mismo año –apunta el citado autor- se realizó la Primera Convención Nacional de Cronistas en la ciudad de Valencia, donde se creó la Asociación Nacional de Cronistas Oficiales de Ciudades de Venezuela, y se establecieron bases doctrinales para el oficio. En 1985 la Ley Orgánica de Régimen Municipal estableció la obligatoriedad de los gobiernos locales de designar a sus cronistas y señalar sus funciones a través de una ordenanza. Apartir de entonces se cambió el título del cargo a Cronista Municipal.
Wilfredo Bolívar señala que “la transición entre la primigenia figura del Cronista de la Ciudad y el Cronista Municipal como funcionario público, ha venido enmarcando sus actividades dentro de una concepción moderna y dinámica al servicio de la ciudad y los ciudadanos, para la preservación y defensa de la memoria colectiva.
Ser Cronista ha venido dejando de ser una misión honorífica, atrapada en los nostálgicos rasgos ligados al pasado, limitando su acción a la sola repetición oral de la tradición, del registro de hechos y los anales por venir. En otras palabras, numerosas Cámaras Edilicias y Alcaldías han venido sirviéndose de su Cronista como un asesor productivo y permanente en áreas como urbanismo, patrimonio cultural, medio ambiente, Archivo, turismo, sindicatura, legislación; y otras materias que parecían ajenas al oficio…”
El mismo tono de renovación en el hacer del oficio expresado por Wilfredo Bolívar, es el que destaca Freddy Castillo Castellanos en el trabajo que hemos venido citando. Sin embargo, para Castillo Castellanos “la inserción del cargo de Cronista en la organización de nuestros gobiernos municipales sigue siendo muy endeble. Considerada todavía como una distinción o una especie de honor que se confiere a una persona destacada en el cultivo de las letras o de la historia, la importante función pública que puede cumplir un cronista del Municipio en provecho de las ciudades y de la comunidad en general, ha sido lamentablemente desaprovechada. Visto por ciertas personas como un anacronismo “simpático”, por otros como simple “adorno” y por algunos más, con mayor avilantez e ignorancia que los anteriores, como un “estorbo”, suerte de “jarrón chino” que no se encuentra dónde colocar con exactitud, el Cronista es muchas veces condenado a una indebida marginalidad dentro de la estructura del Municipio.” 3
El trabajo de Castillo Castellanos es un requerimiento, no a las instituciones municipales para que tomen en cuenta la labor que desempeña el Cronista, no la suplica con tono de conmiseración y lamento para sensibilizar al desaprensivo gerente público, sino al propio Cronista para que asuma el sentido de su labor y la pertinencia social de la misma. Si bien, el autor apunta que la mayoría de los municipios del país no han sabido aprovechar el amplio espacio que la legislación les dejó para regular sobre esta materia, advierte también que los cronistas no han sacado el debido provecho a su carácter de funcionario público establecido desde 1985.
Habría que agregar a los planteamientos formulados por el autor para tratar de sincerar lo más posible el asunto, que muchas veces los cronistas son efectivamente elegidos por sus cualidades de respetabilidad y representatividad, o por simple simpatía con los gerentes del municipio, y no por un evidente trabajo de pesquisa y búsqueda de la historia regional y local, por un comprobado esfuerzo de indagación y divulgación. Muchas veces impera la pereza, la abulia y la ignorancia amparadas en la notabilidad, muchas veces se acepta la designación sólo para fortalecer la imagen y trayectoria personal.
De allí que sea difícil el que algunos cronistas asuman efectivamente su trabajo como parte fundamental y sustancial de la vida del municipio, comprometiéndose en trabajos coherentes, dinámicos y serios de planificación urbana, rescate de archivos, recolección de la memoria oral, conservación de paisajes urbanos, compilaciones fotográficas, registro de cantos tradicionales, dignificación de personajes comunitarios, incorporación de la historia local a los programas educativos de escuelas y liceos, en fin proyectos de protección del
patrimonio cultural de los municipios. Es más cómodo y ocasiona menos dificultades con los administradores, el continuar con la labor tradicional de registrar anécdotas y sucesos copiados de libros atestados en depósitos de papeles en lamentable estado de conservación, los cuales se publican ocasionalmente como artículos en diarios regionales y locales.
Sentencia Freddy Castillo Castellanos que “a un Cronista Municipal deben asignársele funciones importantes para el Municipio.
En algunos casos, la opinión aunque no vinculante puede servir para orientar determinado aspecto de la gestión municipal. Así, proponemos que se pida obligatoriamente la opinión del Cronista para la aprobación del plan rector, de la protección del patrimonio, de cualquier cambio de zonificación, afectación o desafectación, etc. Un cuerpo coherente de ordenanzas deberá darle beligerancia a la presencia del Cronista en el Municipio. Este no debe ser visto sólo como el simple historiador que trabaja con las crónicas de sus remotos antecesores. El Cronista actual debe estar al tanto de lo que ocurre en la ciudad, no sólo de lo que ocurrió. La realización de esta labor supone un cambio de dedicación.”4
Al igual que el cronista tradicional, el historiador ha desvirtuado su oficio y su hacer. Mira con displicencia al compilador de datos locales, pero él se ha quedado en la generación de un saber para eruditos, doctos y sabios, su producción en investigación histórica no llega al ciudadano de a pie, al hombre de la calle. De allí que el venezolano común siga manejando las mismas concepciones maniqueístas, parciales y obsoletas sobre el proceso histórico nacional.
El historiador se asume incontaminado y exquisito desde su ámbito académico, no le interesa difundir su saber a la gente, su preocupación es la revista especializada, el congreso donde departirá con sus pares o el instituto que financiará sus proyectos. Por eso está cada vez más alejado de la realidad, por eso es cada vez más menospreciado por la sociedad. Sólo los historiadores que asumen el reto de hacer llegar a todos el fruto de sus investigaciones –lo cual implica encarar también los desafíos de la comunicación y plantearse modelos alternativos de transmisión- han logrado el reconocimiento y aceptación que su quehacer conlleva. En mucho, el que las Escuelas de Historia sigan graduando frustrados tiene que ver con el planteamiento anterior.
Para Freddy Castillo Castellanos, no puede concebirse el futuro del municipio sin contar con el respaldo de quien guarda su memoria.
Así expresa que “no es posible seguir planificando el desarrollo de las ciudades sin el conocimiento de su historia, sin integrar a la visión que las Alcaldías tienen de ellas, el análisis del historiador, la mirada del poeta, la memoria de sus pequeñas historias, la vida incorporada a los espacios a través del tiempo.”5
Ese sería el objetivo y la función del Cronista Municipal en estos tiempos, en la necesidad de resguardar el patrimonio cultural como memoria nacional: incorporar la vida a los espacios a través del tiempo, es decir, trastocar el sentido que tradicionalmente se ha dado a la historia en nuestro país como
conocimiento de los hechos del pasado, como saber de lo muerto, y revitalizar ese sentido haciendo de la historia: vida, permanencia, trascendencia. Eso acerca al cronista con el historiador, esa visión y ese hacer anulan las fronteras estériles entre ambos oficios, dándoles la pertinencia social que requieren.
EL GRAN ARCHIVO Y EL DESASTRE DE LOS PAPELES NACIONALES
En 1970, Mario Briceño Perozo, director del Archivo General de la Nación entre 1959 y 1995, al presentar la situación de los archivos del país indicaba que “del análisis que hemos hecho de los siete institutos mencionados, se desprende la realidad de todos los archivos públicos de Venezuela. Esta realidad nos señala en forma alarmante la ausencia de edificios funcionales, falta de personal técnico especializado, baja remuneración, restauración empírica de la documentación en peligro de deterioro y carencia de una política encaminada a la formación de una conciencia archivística en el país. (…) Mucha documentación de archivos del interior se ha extraviado por las continuas mudanzas a que están sometidos estos establecimientos…”6
Más adelante, apuntaba Briceño Perozo: “creemos que Venezuela ha de pensar seriamente en salvar la documentación que corre el riesgo de perderse en depósitos del interior de la república y dar la mayor asistencia técnica a los archivos de la capital que tanto lo necesitan...”7
Señalaba al final de su exposición el estudioso de la historia, -cronista de Curimagua, en el Estado Falcón- que debería crearse la Dirección General de Archivos y Registros para canalizar el desarrollo de una política archivística en el país que siguiera los dictados de la moderna Archivología. Recalcaba el autor que dicha dependencia debería contar con el presupuesto suficiente para subvenir las necesidades de los archivos nacionales y ampliar el radio de acción del Archivo General de la Nación.
La valoración anterior, una de las múltiples realizadas sobre el caso venezolano por el gobierno, las universidades, la iglesia católica, la empresa privada, fundaciones internacionales o archivos regionales, reconoce la falta de una política archivística nacional. Situación lamentable, máxime cuando quien formula tal examen llevaba ya once años ocupando la dirección del órgano que debía desarrollar tal política.
Treinta y tres años después de los señalamientos del director del Archivo General de la Nación, y sin haberse establecido acciones coherentes en las distintas regiones del país para el resguardo de la documentación depositada en los archivos públicos, podemos suponer cual es el estado del problema.
Entre los numerosos diagnósticos de la situación archivística venezolana podemos citar el ya anotado por Briceño Perozo, desarrollado por el Archivo General de la Nación por instrucciones del Consejo Internacional de Archivos en 1969; la misión realizada por el especialista croata-argentino Aurelio Tanodi en 1977 para la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Bibliotecas e Información Humanística; el Informe Final del Seminario sobre Archivos Universitarios en Maracaibo de 1979; los diagnósticos e inventarios de los Fondos Documentales del Estado Mérida realizados entre 1990 y 1991; los censos de repositorios históricos regionales desarrollados desde la cátedra Manejo de Archivos de la Universidad Santa María en 1995; el inventario nacional de archivos patrocinado por la Fundación Polar en 1995; el Informe experto de la Fundación Histórica Tavera (España) de 1999-2000; o el censo-guía de los archivos de la región andina realizado por el personal del Archivo General del Estado Mérida.
Todos esos dictámenes establecen la misma situación de calamidad extrema, el mismo estado de progresivo deterioro y destrucción. La falta de sensibilidad archivística no puede seguir siendo una excusa, una razón más dentro de un inventario de agravios al patrimonio documental del país, y a crear las bases de una política coherente, estableciendo el sistema nacional de archivos, debería abocarse el Archivo General de la Nación tal como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del 2001. La creación del Sistema Nacional de Archivos es un anhelo de aquellos sensibilizados por la extinción de la documentación nacional. Sin embargo, a nuestro juicio, no ha existido coherencia y liderazgo en su formulación y desarrollo.
En 1998 el Archivo General de la Nación convocó a los Cronistas Nacionales para exponerles un “Plan de Desarrollo de los Archivos Municipales”. El entonces director del máximo centro documental del país, el abogado Guillermo Briceño Porras, señalaba que “una mirada a la situación actual de los archivos en Venezuela, deja al descubierto una situación crítica. Se carece de organización, de legislación, de técnicas y especialmente de conducción. Para superar esta alarmante realidad es indispensable, en primer lugar, distinguir los diversos problemas. En segundo lugar, crear una organización que asuma la planificación y ejecución de los planes, programas y proyectos que hagan posible resolver problemas, y en tercer lugar, siendo lo más apremiante, convocar las voluntades de aquellos que quieran comprometerse a realizar la empresa del Sistema Nacional de Archivos.”
Y luego exponía Briceño Porras, “hoy, ante ustedes los Cronistas esta es mi propuesta: promover el desarrollo de los Archivos Municipales, históricos y administrativos (…) Lograr un mínimo de compromiso para que los Cronistas se conviertan en los representantes del Archivo General de la Nación en cada Municipio. Lo segundo, trazar estrategia: ¿Qué hacer? Cada caso, cada situación, responde a una realidad distinta, sin embargo, es posible distinguir tres niveles de Archivos Municipales en razón al número de documentos existentes: grandes archivos, medianos y pequeños.”8
En los párrafos anteriores queda expresada la debilidad de los planteamientos, siendo flagrante la falta de criterios basados en el conocimiento de la teoría archivística.
Más adelante, el Documento Base de la propuesta esgrimida por el director del Archivo General de la Nación señalaba que “partimos de cero. La absoluta carencia de experiencia en el desarrollo de archivos municipales tiene la ventaja de poder iniciar el proceso de organización sin vicios ni defectos que son difíciles de superar. Podemos innovar y crear las nuevas estructuras a partir de cada realidad concreta.” La propuesta indicaba además que “partimos de condiciones objetivas. Las próximas elecciones de Alcaldes y Concejales prometen una sustancial renovación del personal de las alcaldías y con ello, la oportunidad de innovar en materia archivística.” 9
Innovar parece la palabra clave del discurso del archivero, ninguna reflexión sobre el origen institucional común, los procesos propios de la organización o el control documental. Por supuesto, menos se señalaba como llevaría adelante el Archivo General de la Nación el proceso de supervisión del trabajo en los archivos municipales que garantizara la conformación de bases firmes para el sistema. Lo que si señalaban las propuestas era la dotación de “la más moderna tecnología” que podía ofrecer el Archivo General de la Nación en “los servicios de teleinformática, digitalización de documentos, producción de discos compactos y páginas WEB.” Es decir, parecía comenzarse por la fase final del trabajo archivístico.
En sus “Propuestas para el Desarrollo del Sistema Nacional de Archivos”, Briceño Porras era claro en su orientación al señalar que “es un instrumento para prestar un mejor servicio, racionalizar y optimizar la relación entre el costo y la eficiencia. No es un fin. Por consiguiente, el Sistema Nacional de Archivos se justificará en la medida en que funcione como una CENTRAL DE SERVICIOS solamente cuando cada archivo perciba que recibe un beneficio tangible, al formar parte de la red de archivos, se consolidará el sistema.”
En los argumentos nada se menciona sobre normalización de procesos, de la necesidad de conformar criterios comunes de organización, de crear las bases archivísticas del sistema.10
Donde coincidimos con Briceño Porras es en su señalamiento de que “en los últimos cincuenta años no se logró un desarrollo sostenido de los archivos, ni la producción de un liderazgo creativo con capacidad de generar el proceso archivístico.” Las Escuelas de Archivología y Bibliotecología tendrían la última palabra sobre el particular, de ellas debió surgir el liderazgo que orientara el proceso archivístico nacional.
Los planteamientos del director del Archivo General de la Nación tuvieron repercusión en algunas regiones del país que no podemos calibrar en su justa medida. Sabemos de casos en los cuales los cronistas confundieron el hecho de transcribir en computadoras resúmenes de la documentación de sus archivos con la informatización de los mismos, también de enfrentamientos entre cronistas y encargados de archivos municipales que adelantaban una encomiable labor. 11
La exposición precedente nos deja un panorama sombrío, una huella grotesca de irresponsabilidad frente a materia tan delicada como la conservación de la memoria documental del país. No se trata de descalificar la buena intención de los cronistas, ni de someter al escarnio al Archivo General de la Nación, sino de remarcar que es sobre la base de claros criterios de teoría archivística en los cuales debe asentarse la respuesta a la situación de los archivos nacionales.
En su trabajo Archivística General. Teoría y Práctica, la especialista española Antonia Heredia Herrera expone que “un sistema de archivos se configura como un conjunto de actividades articuladas a través de una red de centros y de servicios técnicos, para estructurar la recogida, transferencia, depósito, organización, descripción y servicio de los documentos. A partir de un sistema de archivos los distintos conjuntos de documentos resultantes de las diferentes Administraciones no pueden considerarse aisladamente, sino formando parte del conjunto orgánico de todo el país. Y esto es de vital importancia en las transferencias y en los expurgos. Pero también hay algo que debemos recalcar en un sistema de archivos: el hecho de que en él se integran no sólo los archivos históricos sino también los administrativos para que la atención dedicada a unos y otros por vías de una planificación sea uniforme. Y algo más. Un sistema de archivos lógica y consecuentemente es el soporte de un
sistema de información nacional.”12
Como señalamos anteriormente, la Ley Orgánica de la Administración Pública, aparecida en gaceta oficial en octubre de 2001, en su título VII trata De los Archivos y Registros, dedicando el capítulo I al Sistema Nacional de Archivo. El artículo 144 establece que “el Archivo General de la Nación es el órgano de la Administración Pública Nacional responsable de la creación, orientación y coordinación del Sistema Nacional de Archivos y tendrá bajo su responsabilidad velar por la homogeneización y normalización de los procesos de archivo, promover el desarrollo de los centros de información,la salvaguarda del patrimonio documental y la supervisión de la gestión archivística en todo el territorio nacional.”13
Es responsabilidad de la actual conducción del Archivo General de la Nación, liderada por el Doctor Manuel Carrero, profesor del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, adelantar las tareas pertinentes al logro de lo establecido en la ley y comenzar a dar pasos significativos en la reversión de la lamentable situación de los archivos nacionales.
CRONISTA, ARCHIVOS E INVESTIGACIÓN HISTORICA
El análisis de un conjunto de Ordenanzas Municipales nos permite acercarnos a lo establecido en dichas disposiciones sobre la actuación del cronista frente a la organización archivística y la investigación histórica. Las ordenanzas corresponden a las ciudades de Maracaibo (1965), Ciudad Bolívar (Municipio Heres del Estado Bolívar, 1990), Barquisimeto (Municipio Iribarren del Estado Lara, 1990), Caracas (Municipio Libertador, 1992), y Coro (Municipio Miranda del Estado Falcón, 1994). 14
De forma general, el cuerpo de leyes coincide en señalar entre los deberes del cronista: “custodiar y fomentar el archivo y los anales de la ciudad”, “efectuar investigaciones en dicho archivo con fines divulgativos”, “concentrar libros y documentos testimoniales que configuren el Archivo de la ciudad y la Biblioteca del Municipio”, “someter al Concejo Municipal iniciativas útiles para el desempeño de su cargo”, “vigilar y supervisar la conservación de los monumentos, objetos históricos, obras de arte, museos municipales, y otros bienes muebles que formen parte del patrimonio histórico de la ciuudad”, “orientar la acción municipal en cuanto a la preservación de los valores típicos y el fomento del folklore”, “realizar todas las actividades que requiera la defensa del patrimonio cultural”, “colaborar con la Junta Regional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y con la Oficina del Centro Histórico de la ciudad”. “El cronista atenderá los requerimientos de las instituciones públicas o privadas, especialmente de las que tengan que ver con la Educación en lo tocante a la Historia Regional” y podrá “patrocinar reuniones, talleres, encuentros, charlas dirigidas a sensibilizar, informar e interaccionar en torno a temas relevantes atinentes al desarrollo espiritual y cultural del Municipio”.
Lamentablemente, se manejan como materias aparte, sin entrar a considerar a la documentación producto de la gestión municipal como un importante patrimonio cultural de la entidad. Podemos decir, sin embargo, que en términos generales las ordenanzas revisadas dejan un amplio margen al cronista para su actuación en defensa de los fondos documentales y de los bienes culturales en conjunto. Tenemos que considerar que la mayoría de las disposiciones revisadas fueron producidas en la década de los noventa, precisamente cuando en el país se produjo un auge en cuanto a la necesidad de valorar los testimonios que constituyen patrimonio cultural.
Si bien las ordenanzas hacen énfasis en la custodia del archivo por parte del cronista municipal, pocas son las que establecen entre las cualidades de quien pretenda aspirar al cargo el tener competencia en materia archivística. La Ordenanza sobre el Cronista Municipal del Concejo del Municipio Iribarren del Estado Lara, establece que “El Cronista Municipal tendrá libre acceso a los archivos y acervo documental del Municipio”, sin embargo, esa disposición está encaminada más a responder a la atribución contenida en la misma ley de “investigar la historia y las tradiciones”, que a asegurar la conservación del acervo documental. La Ordenanza para regir el cargo de Cronista Oficial del Municipio Miranda del Estado Falcón, es parca al señalar entre las atribuciones del cronista la de “conservar libros y documentos testimoniales que configuren el Archivo de la ciudad”, pero entre los requisitos para el cargo sólo se señala tener “experiencia en el campo de la investigación, documental y bibliográfica”. Es decir, ninguna de las leyes consultadas, las cuales corresponden a importantes ciudades del país, establecen claramente que el cargo de cronista tenga entre sus atribuciones la realización de tareas de organización archivística. Conocemos que algunas de estas ciudades y municipios han promulgado leyes especiales de creación de archivos, valdría la pena también consultar tales disposiciones.
De las revisadas, sólo la Ordenanza sobre Protección de Bienes del Patrimonio Cultural de la ciudad de Caracas, que contiene las disposiciones sobre el Cronista de la Ciudad, establece entre las condiciones para optar a esa designación estar “dotado de conocimientos básicos y experiencia adecuada en archivología, además de disponer de los recursos metodológicos necesarios para emprender una investigación rigurosamente científica.” Junto a esto, señala también “debe tener capacidad paleográfica que le permita entender los documentos antiguos existentes en el Archivo Histórico del Municipio”.
Ni el cargo de cronista, ni el oficio de historiador, garantizan que los archivos municipales estarán debidamente organizados. Se requiere de personal especializado para acometer esa importante tarea y los profesionales de la archivística deberían atender a una situación que demanda su participación decidida y consciente desde hace muchos años.
CONCLUSIÓN
Como se desprende de la argumentación anterior, son muchos los retos planteados para cronistas e historiadores de cara a la defensa y conservación del patrimonio cultural venezolano, en especial de los registros documentales. Pero esa preocupación debe afrontarse con madurez y sabiendo que la solución a los problemas de los archivos nacionales sólo puede generarse desde un conocimiento ajustado de la teoría y la práctica archivística.
El campo de trabajo de Cronista Municipal es uno de los tantos abiertos al quehacer del historiador egresado de las universidades. Allí puede encontrar también el joven, dinámico y entusiasta historiador la valoración y aprecio a su labor por parte de la sociedad. La contribución que desde el mismo puede hacer en el inventario, estudio, consolidación y difusión del patrimonio cultural del país en la dinámica de sus pueblos, ciudades y regiones es determinante para el futuro venezolano.
NOTAS Y BIBLIOHEMEROGRAFÍA
1 Freddy Castillo Castellanos.
El Régimen Legal del Cronista y otras palabras. Araure, Asociación
Nacional de Cronistas Oficiales de Venezuela. Cuadernos Cronistas de
Venezuela. Nro. 2. 2001. pág. 3.
2 Loc. cit.
3 Idem. pág. 7
4 Idem. pág. 11
5 Idem. pág 12
6 Mario Briceño Perozo.
Vedemecum de Archivología. Caracas, Archivo General de la Nación.
1979. pág. 136.
7 Idem. pág. 141
8 Guillermo Briceño Porras. “Por un Plan de Desarrollo de los Archivos
Municipales”. Material de apoyo entregado a los participantes del taller.
9 Lot cit.
10 Guillermo Briceño Porras. “Propuestas para el Desarrollo del Sistema
Nacional de Archivos”. Ponencia presentada al I Encuentro de Directores
de Archivos Históricos de Venezuela. Maracaibo, 4 al 6 de junio de 1998.
11 “Informatizarán archivo histórico del Municipio”. La Prensa, (Coro, Julio
28, 1998). pág. 8. “Los cronistas oficiales dirigirán los archivos en los
municipios del país”. Médano, (Punto Fijo, agosto 11, 1998). pág. 11.
12 Antonia Heredia Herrera. Archivística General. Teoría y Práctica. Sevilla,
Diputación Provincial, 1995. pág. 207.
13 Ley Orgánica de la Administración Pública. Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela. Nro. 37.305. 17 de octubre de 2001.
14 Agradezco la diligencia de Nandy García en Maracaibo, María García en
Ciudad Bolívar, Juan Alonso Molina en Barquisimeto, Claudio Briceño
en Caracas y Anthony Alvarado en Coro, quienes localizaron las ordenanzas municipales para este trabajo. También a Marilú Uribe de Archivo Municipal de Mérida, al Padre Giovanny Escalona, Canciller de la Arquidiócesis de Mérida y al señor Gerardo Matheus en el depósito de documentos municipales, quienes trataron infructuosamente de conseguir la legislación para el caso merideño.
Extraido de Vicent García Editores S.A.
Ediciones de Arte y Facsímiles de Manuscritos,Incunables y Libros Raros.
Boletín de Publicaciones N° 3.
Historiadores y Cronistas. Archivos.., Isaac López, pp, 49-66
EN: Presente y Pasado. Revista de Historia. ISSN: 1316-1369. Año 8. Volumen 8. Nº16.Julio-Diciembre, 2003. Isaac López, pp, 49-66
SITE:http://www.saber.ula.ve/cgi-win/be_alex.exe?Documento=T016300001895/6&term_termino_2=e:/alexandr/
db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/presenteypasado/ano8vol8_num16/
lopez_isaac.pdf&term_termino_3=&Nombrebd=saber.
FECHA: Julio - Diciembre 2003
NOTAS: Cuando nos encontramos a las puertas de un "NUEVO PROYECTO DE RESCATE DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN" me he permitido presentarles este artículo publicado en el 2003 por la revista Presente y Pasado, y cuyo autor es Isaac López, para que hagan una retrospectiva y analisen su contenido de suma importancia y actualidad en todo lo concerniente al "SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS". He decidido resaltar algunas frases para ubicar al lector en algunos párrafos que ha mi juicio son de lo más certeros en su apreciación.
RESUMEN
El siguiente trabajo pretende establecer algunas líneas de reflexión sobre la situación de los Archivos Venezolanos, partiendo del papel de los cronistas municipales en el rescate de la memoria documental del país y la falta de coherencia en las políticas del Archivo General de la Nación. Se aborda el análisis de las propuestas de la Asociación Nacional de Cronistas Oficiales de Venezuela, de las Propuestas de Desarrollo del Sistema Nacional de Archivos por parte del Archivo General de la Nación y de Ordenanzas Municipales sobre el cargo de Cronista de ciudades como Caracas, Maracaibo, Coro, Ciudad Bolívar y Barquisimeto.
Palabras Claves: Archivos Venezolanos, Política Archivística, Archivo General de la Nación, Cronistas Municipales, Sistema Nacional de Archivos.
ABSTRACT
The purpose of the following work is to draw attention to the situation of the Venezuelan Historical Archive,
starting from the role played by municipal chroniclers in maintaining the documentary history of country and
the lack of a coherent policy with respect to the General Archive of the nation. An examination is made of pro
posals from the National Association of Official Chroniclers in Venezuela, of proposals for developing the national archive system from the national General Archive, and municipal regulations pertaining to the work of chroniclers in cities such as Caracas, Maracaibo, Coro, Cuidad Bolívar and Barquisimeto.
Key words: Venezuelan archive, archive policy, General Archive of the nation, municipal chroniclers, national archive system.
*
Este artículo fue culminado octubre 2003 y aprobada su publicación en diciembre 2003. [Nota del Comité de Redacción]
** Licenciado en Historia (U.L.A). Candidato a Magíster en Historia de Venezuela (U.C.A.B). Profesor Instructor de la Escuela de Historia de la U.L.A. para las Cátedras de Paleografía y Prácticas de Archivo, Historia Colonial de Venezuela y Archivos Venezolanos y su organización. Miembro del Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela de la U.L.A. Email: isaac_abraham60@ hotmail.com Historiadores y Cronistas. Archivos.., Isaac López, pp, 49-66
INTRODUCCIÓN
Sin fuentes primarias documentales el trabajo para el archivero, el historiador y el cronista se torna complicado, sin fuentes primarias el quehacer de esos oficiantes es nulo, pierde su sentido y su razón de ser. Es ya una constante, un discurso repetitivo, el exponer la precaria situación de los archivos venezolanos. Un rosario de lamentos sobre deficiencias en las instalaciones, deterioro de soportes, almacenamiento indiscriminado de papel, sustracciones, microorganismos y eliminación, desvalorización del cargo del archivero, fallas presupuestarias… Uno de los problemas reiteradamente señalados en los diversos diagnósticos realizados sobre el particular es la referida a la falta de compromiso de los profesionales de la archivística en el salvamento de la memoria escrita. De esa realidad se desprende el que en algunas regiones del país, profesionales de la historia hayan asumido la organización de archivos. Casos como los de Carlos González Batista en el Archivo Histórico de Coro, Luis Dovale Prado y Marilín Chirinos en el Archivo del Municipio Miranda en la misma ciudad, María García en el Archivo Histórico de Guayana, Jorge Arias y Magdalena Vanegas en el Archivo Histórico de Guanare,
Juan Alonso Molina en el Archivo General de la Asamblea Legislativa del Estado Lara o el equipo pionero coordinado por la Profesora Milagros Contreras en el Archivo General del Estado Mérida, dan testimonio de la preocupación de los investigadores de la historia por la situación de las fuentes primarias.
Particularmente unida a la situación del compromiso de los profesionales egresados de las Escuelas de Archivología con la situación de los repositorios documentales, está la falta de políticas coherentes, dinámicas y claras por parte del Archivo General de la Nación, órgano encargado de velar por el eficiente manejo de los archivos de acuerdo a la derogada Ley de Archivos Nacionales de 1945 y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del año 2001.
En diversas oportunidades el Archivo General de la Nación ha
pretendido acometer la tarea de crear un sistema nacional de archivos que articule los distintos centros documentales regionales, sin embargo al no producirse propuestas sustentadas en sólidos marcos conceptuales y políticas de acción coherentes, dicha tarea no ha pasado una y otra vez de las buenas intenciones.
En la constante formulación de planes de acción para salvar la memoria documental venezolana, el Archivo General de la Nación planteó en 1998 que los cronistas oficiales deberían ser los encargados de los archivos de los municipios del país en la intención de crear las bases de un sistema nacional de archivos cuyo sustento fuera el municipio. El cuestionamiento a esta propuesta se expresó en señalar la falta de formación archivística de los encargados de resguardar la memoria de localidades y regiones, lo cual en lugar de tender a la solución de los problemas planteados contribuiría a su agudización.
Este espacio ofrece una excelente oportunidad para introducir algunos planteamientos sobre la relación entre historiadores, cronistas y archiveros y su papel en el rescate y preservación de la memoria regional y nacional, es decir, en el quehacer histórico. Expondremos a continuación la reflexión de los Cronistas Oficiales de Venezuela sobre su tarea, los planteamientos del Archivo General de la Nación en torno a la creación del Sistema Nacional de Archivos y las formulaciones de un conjunto de ordenanzas municipales sobre la labor del cronista frente a los archivos, la investigación histórica y el
patrimonio cultural.
ESOS VIEJITOS, CANCERVEROS DE LA HISTORIA
En el medio universitario venezolano –espacio desde el cual escribimos- los cronistas de pueblos y ciudades siempre fueron vistos con desdén. Desde la comunidad de intelectuales se les observó como custodios de las verdades absolutas de la Historia Nacional, guardianes celosos de los hechos gloriosos de la patria, portadores de una palabrería farragosa donde el análisis, la crítica y la reflexión sobre los hechos históricos no cabían. Anticuarios, atesoradores de reliquias, fueran documentos con firmas de los héroes de la nacionalidad, libros antiguos o tiestos rqueológicos.
Discurseadotes en las fechas patrias y en la plaza pública, encargados de dar continuidad a la exaltación de la Historia Patria y conocedores al minimun de los detalles del transcurrir de la aldea y de las glorias del país, los cronistas nunca gozaron del aprecio de los investigadores de la historia. Siempre hacia ellos se estableció una crítica severa y rígida, no exenta de displicencia y burla.
En los últimos tiempos se ha resquebrajado un tanto esa percepción, cuando dedicados historiadores como Reynaldo Rojas, José Marcial Ramos Guedez, Coromoto Méndez o Guillermo Durán, entre otros, han asumido el cargo de cronistas municipales. También cuando la practica ha dado que la profesionalización de la historia no garantiza que los egresados universitarios no caigan en las mismas distorsiones y deficiencias anotadas para los cronistas tradicionales.
Pero con mayor firmeza y profundidad, cuando los investigadores de la Historia Regional han valorado con objetividad libre de prejuicios los aportes y realizaciones de esos historiadores tradicionales de ciudades y pueblos en cuanto a un trabajo pionero de reconstrucción de hechos, localización de fuentes documentales o recolección de testimonios orales.
La figura del Cronista Oficial de pueblos y ciudades surgió en 1945, cuando el Concejo Municipal de Caracas sancionó la Ordenanza sobre Defensa del Patrimonio Histórico de la ciudad, en la cual se establecieron las responsabilidades que sobre el particular debía ejercer. 1
En la introducción a un puntual trabajo sobre el régimen legal del oficio de Cronista, escrito por el poeta y abogado Freddy Castillo Castellanos, Wilfredo Bolívar –Presidente de la Asociación Nacional de Cronistas Oficiales de Venezuela para el momento- indica que “aquel primer instrumento jurídico estableció la designación de un “Cronista de la Ciudad”, concediéndosele funciones específicas como custodia del archivo y anales de la ciudad, investigación y divulgación de reseñas inéditas, publicaciones relacionadas con la historia y tradición, vigilancia y conservación de monumentos y reliquias históricas, así como la responsabilidad de dirigir un Boletín Mensual con sus investigaciones, orientar al Concejo Municipal en iniciativas útiles al cabildo y brindar información sobre materias de su competencia.”2
Reseña Bolívar que para 1968 existían cronistas oficiales en Mérida, San Cristóbal, Valera, Boconó, Trujillo, Maracay, Puerto Cabello, Barquisimeto, Cumaná, Porlamar, San Felipe, Churuguara, San Carlos, Valencia, Maracaibo, Barcelona, Barinas, Petare, Caracas yAraure. Ese mismo año –apunta el citado autor- se realizó la Primera Convención Nacional de Cronistas en la ciudad de Valencia, donde se creó la Asociación Nacional de Cronistas Oficiales de Ciudades de Venezuela, y se establecieron bases doctrinales para el oficio. En 1985 la Ley Orgánica de Régimen Municipal estableció la obligatoriedad de los gobiernos locales de designar a sus cronistas y señalar sus funciones a través de una ordenanza. Apartir de entonces se cambió el título del cargo a Cronista Municipal.
Wilfredo Bolívar señala que “la transición entre la primigenia figura del Cronista de la Ciudad y el Cronista Municipal como funcionario público, ha venido enmarcando sus actividades dentro de una concepción moderna y dinámica al servicio de la ciudad y los ciudadanos, para la preservación y defensa de la memoria colectiva.
Ser Cronista ha venido dejando de ser una misión honorífica, atrapada en los nostálgicos rasgos ligados al pasado, limitando su acción a la sola repetición oral de la tradición, del registro de hechos y los anales por venir. En otras palabras, numerosas Cámaras Edilicias y Alcaldías han venido sirviéndose de su Cronista como un asesor productivo y permanente en áreas como urbanismo, patrimonio cultural, medio ambiente, Archivo, turismo, sindicatura, legislación; y otras materias que parecían ajenas al oficio…”
El mismo tono de renovación en el hacer del oficio expresado por Wilfredo Bolívar, es el que destaca Freddy Castillo Castellanos en el trabajo que hemos venido citando. Sin embargo, para Castillo Castellanos “la inserción del cargo de Cronista en la organización de nuestros gobiernos municipales sigue siendo muy endeble. Considerada todavía como una distinción o una especie de honor que se confiere a una persona destacada en el cultivo de las letras o de la historia, la importante función pública que puede cumplir un cronista del Municipio en provecho de las ciudades y de la comunidad en general, ha sido lamentablemente desaprovechada. Visto por ciertas personas como un anacronismo “simpático”, por otros como simple “adorno” y por algunos más, con mayor avilantez e ignorancia que los anteriores, como un “estorbo”, suerte de “jarrón chino” que no se encuentra dónde colocar con exactitud, el Cronista es muchas veces condenado a una indebida marginalidad dentro de la estructura del Municipio.” 3
El trabajo de Castillo Castellanos es un requerimiento, no a las instituciones municipales para que tomen en cuenta la labor que desempeña el Cronista, no la suplica con tono de conmiseración y lamento para sensibilizar al desaprensivo gerente público, sino al propio Cronista para que asuma el sentido de su labor y la pertinencia social de la misma. Si bien, el autor apunta que la mayoría de los municipios del país no han sabido aprovechar el amplio espacio que la legislación les dejó para regular sobre esta materia, advierte también que los cronistas no han sacado el debido provecho a su carácter de funcionario público establecido desde 1985.
Habría que agregar a los planteamientos formulados por el autor para tratar de sincerar lo más posible el asunto, que muchas veces los cronistas son efectivamente elegidos por sus cualidades de respetabilidad y representatividad, o por simple simpatía con los gerentes del municipio, y no por un evidente trabajo de pesquisa y búsqueda de la historia regional y local, por un comprobado esfuerzo de indagación y divulgación. Muchas veces impera la pereza, la abulia y la ignorancia amparadas en la notabilidad, muchas veces se acepta la designación sólo para fortalecer la imagen y trayectoria personal.
De allí que sea difícil el que algunos cronistas asuman efectivamente su trabajo como parte fundamental y sustancial de la vida del municipio, comprometiéndose en trabajos coherentes, dinámicos y serios de planificación urbana, rescate de archivos, recolección de la memoria oral, conservación de paisajes urbanos, compilaciones fotográficas, registro de cantos tradicionales, dignificación de personajes comunitarios, incorporación de la historia local a los programas educativos de escuelas y liceos, en fin proyectos de protección del
patrimonio cultural de los municipios. Es más cómodo y ocasiona menos dificultades con los administradores, el continuar con la labor tradicional de registrar anécdotas y sucesos copiados de libros atestados en depósitos de papeles en lamentable estado de conservación, los cuales se publican ocasionalmente como artículos en diarios regionales y locales.
Sentencia Freddy Castillo Castellanos que “a un Cronista Municipal deben asignársele funciones importantes para el Municipio.
En algunos casos, la opinión aunque no vinculante puede servir para orientar determinado aspecto de la gestión municipal. Así, proponemos que se pida obligatoriamente la opinión del Cronista para la aprobación del plan rector, de la protección del patrimonio, de cualquier cambio de zonificación, afectación o desafectación, etc. Un cuerpo coherente de ordenanzas deberá darle beligerancia a la presencia del Cronista en el Municipio. Este no debe ser visto sólo como el simple historiador que trabaja con las crónicas de sus remotos antecesores. El Cronista actual debe estar al tanto de lo que ocurre en la ciudad, no sólo de lo que ocurrió. La realización de esta labor supone un cambio de dedicación.”4
Al igual que el cronista tradicional, el historiador ha desvirtuado su oficio y su hacer. Mira con displicencia al compilador de datos locales, pero él se ha quedado en la generación de un saber para eruditos, doctos y sabios, su producción en investigación histórica no llega al ciudadano de a pie, al hombre de la calle. De allí que el venezolano común siga manejando las mismas concepciones maniqueístas, parciales y obsoletas sobre el proceso histórico nacional.
El historiador se asume incontaminado y exquisito desde su ámbito académico, no le interesa difundir su saber a la gente, su preocupación es la revista especializada, el congreso donde departirá con sus pares o el instituto que financiará sus proyectos. Por eso está cada vez más alejado de la realidad, por eso es cada vez más menospreciado por la sociedad. Sólo los historiadores que asumen el reto de hacer llegar a todos el fruto de sus investigaciones –lo cual implica encarar también los desafíos de la comunicación y plantearse modelos alternativos de transmisión- han logrado el reconocimiento y aceptación que su quehacer conlleva. En mucho, el que las Escuelas de Historia sigan graduando frustrados tiene que ver con el planteamiento anterior.
Para Freddy Castillo Castellanos, no puede concebirse el futuro del municipio sin contar con el respaldo de quien guarda su memoria.
Así expresa que “no es posible seguir planificando el desarrollo de las ciudades sin el conocimiento de su historia, sin integrar a la visión que las Alcaldías tienen de ellas, el análisis del historiador, la mirada del poeta, la memoria de sus pequeñas historias, la vida incorporada a los espacios a través del tiempo.”5
Ese sería el objetivo y la función del Cronista Municipal en estos tiempos, en la necesidad de resguardar el patrimonio cultural como memoria nacional: incorporar la vida a los espacios a través del tiempo, es decir, trastocar el sentido que tradicionalmente se ha dado a la historia en nuestro país como
conocimiento de los hechos del pasado, como saber de lo muerto, y revitalizar ese sentido haciendo de la historia: vida, permanencia, trascendencia. Eso acerca al cronista con el historiador, esa visión y ese hacer anulan las fronteras estériles entre ambos oficios, dándoles la pertinencia social que requieren.
EL GRAN ARCHIVO Y EL DESASTRE DE LOS PAPELES NACIONALES
En 1970, Mario Briceño Perozo, director del Archivo General de la Nación entre 1959 y 1995, al presentar la situación de los archivos del país indicaba que “del análisis que hemos hecho de los siete institutos mencionados, se desprende la realidad de todos los archivos públicos de Venezuela. Esta realidad nos señala en forma alarmante la ausencia de edificios funcionales, falta de personal técnico especializado, baja remuneración, restauración empírica de la documentación en peligro de deterioro y carencia de una política encaminada a la formación de una conciencia archivística en el país. (…) Mucha documentación de archivos del interior se ha extraviado por las continuas mudanzas a que están sometidos estos establecimientos…”6
Más adelante, apuntaba Briceño Perozo: “creemos que Venezuela ha de pensar seriamente en salvar la documentación que corre el riesgo de perderse en depósitos del interior de la república y dar la mayor asistencia técnica a los archivos de la capital que tanto lo necesitan...”7
Señalaba al final de su exposición el estudioso de la historia, -cronista de Curimagua, en el Estado Falcón- que debería crearse la Dirección General de Archivos y Registros para canalizar el desarrollo de una política archivística en el país que siguiera los dictados de la moderna Archivología. Recalcaba el autor que dicha dependencia debería contar con el presupuesto suficiente para subvenir las necesidades de los archivos nacionales y ampliar el radio de acción del Archivo General de la Nación.
La valoración anterior, una de las múltiples realizadas sobre el caso venezolano por el gobierno, las universidades, la iglesia católica, la empresa privada, fundaciones internacionales o archivos regionales, reconoce la falta de una política archivística nacional. Situación lamentable, máxime cuando quien formula tal examen llevaba ya once años ocupando la dirección del órgano que debía desarrollar tal política.
Treinta y tres años después de los señalamientos del director del Archivo General de la Nación, y sin haberse establecido acciones coherentes en las distintas regiones del país para el resguardo de la documentación depositada en los archivos públicos, podemos suponer cual es el estado del problema.
Entre los numerosos diagnósticos de la situación archivística venezolana podemos citar el ya anotado por Briceño Perozo, desarrollado por el Archivo General de la Nación por instrucciones del Consejo Internacional de Archivos en 1969; la misión realizada por el especialista croata-argentino Aurelio Tanodi en 1977 para la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Bibliotecas e Información Humanística; el Informe Final del Seminario sobre Archivos Universitarios en Maracaibo de 1979; los diagnósticos e inventarios de los Fondos Documentales del Estado Mérida realizados entre 1990 y 1991; los censos de repositorios históricos regionales desarrollados desde la cátedra Manejo de Archivos de la Universidad Santa María en 1995; el inventario nacional de archivos patrocinado por la Fundación Polar en 1995; el Informe experto de la Fundación Histórica Tavera (España) de 1999-2000; o el censo-guía de los archivos de la región andina realizado por el personal del Archivo General del Estado Mérida.
Todos esos dictámenes establecen la misma situación de calamidad extrema, el mismo estado de progresivo deterioro y destrucción. La falta de sensibilidad archivística no puede seguir siendo una excusa, una razón más dentro de un inventario de agravios al patrimonio documental del país, y a crear las bases de una política coherente, estableciendo el sistema nacional de archivos, debería abocarse el Archivo General de la Nación tal como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del 2001. La creación del Sistema Nacional de Archivos es un anhelo de aquellos sensibilizados por la extinción de la documentación nacional. Sin embargo, a nuestro juicio, no ha existido coherencia y liderazgo en su formulación y desarrollo.
En 1998 el Archivo General de la Nación convocó a los Cronistas Nacionales para exponerles un “Plan de Desarrollo de los Archivos Municipales”. El entonces director del máximo centro documental del país, el abogado Guillermo Briceño Porras, señalaba que “una mirada a la situación actual de los archivos en Venezuela, deja al descubierto una situación crítica. Se carece de organización, de legislación, de técnicas y especialmente de conducción. Para superar esta alarmante realidad es indispensable, en primer lugar, distinguir los diversos problemas. En segundo lugar, crear una organización que asuma la planificación y ejecución de los planes, programas y proyectos que hagan posible resolver problemas, y en tercer lugar, siendo lo más apremiante, convocar las voluntades de aquellos que quieran comprometerse a realizar la empresa del Sistema Nacional de Archivos.”
Y luego exponía Briceño Porras, “hoy, ante ustedes los Cronistas esta es mi propuesta: promover el desarrollo de los Archivos Municipales, históricos y administrativos (…) Lograr un mínimo de compromiso para que los Cronistas se conviertan en los representantes del Archivo General de la Nación en cada Municipio. Lo segundo, trazar estrategia: ¿Qué hacer? Cada caso, cada situación, responde a una realidad distinta, sin embargo, es posible distinguir tres niveles de Archivos Municipales en razón al número de documentos existentes: grandes archivos, medianos y pequeños.”8
En los párrafos anteriores queda expresada la debilidad de los planteamientos, siendo flagrante la falta de criterios basados en el conocimiento de la teoría archivística.
Más adelante, el Documento Base de la propuesta esgrimida por el director del Archivo General de la Nación señalaba que “partimos de cero. La absoluta carencia de experiencia en el desarrollo de archivos municipales tiene la ventaja de poder iniciar el proceso de organización sin vicios ni defectos que son difíciles de superar. Podemos innovar y crear las nuevas estructuras a partir de cada realidad concreta.” La propuesta indicaba además que “partimos de condiciones objetivas. Las próximas elecciones de Alcaldes y Concejales prometen una sustancial renovación del personal de las alcaldías y con ello, la oportunidad de innovar en materia archivística.” 9
Innovar parece la palabra clave del discurso del archivero, ninguna reflexión sobre el origen institucional común, los procesos propios de la organización o el control documental. Por supuesto, menos se señalaba como llevaría adelante el Archivo General de la Nación el proceso de supervisión del trabajo en los archivos municipales que garantizara la conformación de bases firmes para el sistema. Lo que si señalaban las propuestas era la dotación de “la más moderna tecnología” que podía ofrecer el Archivo General de la Nación en “los servicios de teleinformática, digitalización de documentos, producción de discos compactos y páginas WEB.” Es decir, parecía comenzarse por la fase final del trabajo archivístico.
En sus “Propuestas para el Desarrollo del Sistema Nacional de Archivos”, Briceño Porras era claro en su orientación al señalar que “es un instrumento para prestar un mejor servicio, racionalizar y optimizar la relación entre el costo y la eficiencia. No es un fin. Por consiguiente, el Sistema Nacional de Archivos se justificará en la medida en que funcione como una CENTRAL DE SERVICIOS solamente cuando cada archivo perciba que recibe un beneficio tangible, al formar parte de la red de archivos, se consolidará el sistema.”
En los argumentos nada se menciona sobre normalización de procesos, de la necesidad de conformar criterios comunes de organización, de crear las bases archivísticas del sistema.10
Donde coincidimos con Briceño Porras es en su señalamiento de que “en los últimos cincuenta años no se logró un desarrollo sostenido de los archivos, ni la producción de un liderazgo creativo con capacidad de generar el proceso archivístico.” Las Escuelas de Archivología y Bibliotecología tendrían la última palabra sobre el particular, de ellas debió surgir el liderazgo que orientara el proceso archivístico nacional.
Los planteamientos del director del Archivo General de la Nación tuvieron repercusión en algunas regiones del país que no podemos calibrar en su justa medida. Sabemos de casos en los cuales los cronistas confundieron el hecho de transcribir en computadoras resúmenes de la documentación de sus archivos con la informatización de los mismos, también de enfrentamientos entre cronistas y encargados de archivos municipales que adelantaban una encomiable labor. 11
La exposición precedente nos deja un panorama sombrío, una huella grotesca de irresponsabilidad frente a materia tan delicada como la conservación de la memoria documental del país. No se trata de descalificar la buena intención de los cronistas, ni de someter al escarnio al Archivo General de la Nación, sino de remarcar que es sobre la base de claros criterios de teoría archivística en los cuales debe asentarse la respuesta a la situación de los archivos nacionales.
En su trabajo Archivística General. Teoría y Práctica, la especialista española Antonia Heredia Herrera expone que “un sistema de archivos se configura como un conjunto de actividades articuladas a través de una red de centros y de servicios técnicos, para estructurar la recogida, transferencia, depósito, organización, descripción y servicio de los documentos. A partir de un sistema de archivos los distintos conjuntos de documentos resultantes de las diferentes Administraciones no pueden considerarse aisladamente, sino formando parte del conjunto orgánico de todo el país. Y esto es de vital importancia en las transferencias y en los expurgos. Pero también hay algo que debemos recalcar en un sistema de archivos: el hecho de que en él se integran no sólo los archivos históricos sino también los administrativos para que la atención dedicada a unos y otros por vías de una planificación sea uniforme. Y algo más. Un sistema de archivos lógica y consecuentemente es el soporte de un
sistema de información nacional.”12
Como señalamos anteriormente, la Ley Orgánica de la Administración Pública, aparecida en gaceta oficial en octubre de 2001, en su título VII trata De los Archivos y Registros, dedicando el capítulo I al Sistema Nacional de Archivo. El artículo 144 establece que “el Archivo General de la Nación es el órgano de la Administración Pública Nacional responsable de la creación, orientación y coordinación del Sistema Nacional de Archivos y tendrá bajo su responsabilidad velar por la homogeneización y normalización de los procesos de archivo, promover el desarrollo de los centros de información,la salvaguarda del patrimonio documental y la supervisión de la gestión archivística en todo el territorio nacional.”13
Es responsabilidad de la actual conducción del Archivo General de la Nación, liderada por el Doctor Manuel Carrero, profesor del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, adelantar las tareas pertinentes al logro de lo establecido en la ley y comenzar a dar pasos significativos en la reversión de la lamentable situación de los archivos nacionales.
CRONISTA, ARCHIVOS E INVESTIGACIÓN HISTORICA
El análisis de un conjunto de Ordenanzas Municipales nos permite acercarnos a lo establecido en dichas disposiciones sobre la actuación del cronista frente a la organización archivística y la investigación histórica. Las ordenanzas corresponden a las ciudades de Maracaibo (1965), Ciudad Bolívar (Municipio Heres del Estado Bolívar, 1990), Barquisimeto (Municipio Iribarren del Estado Lara, 1990), Caracas (Municipio Libertador, 1992), y Coro (Municipio Miranda del Estado Falcón, 1994). 14
De forma general, el cuerpo de leyes coincide en señalar entre los deberes del cronista: “custodiar y fomentar el archivo y los anales de la ciudad”, “efectuar investigaciones en dicho archivo con fines divulgativos”, “concentrar libros y documentos testimoniales que configuren el Archivo de la ciudad y la Biblioteca del Municipio”, “someter al Concejo Municipal iniciativas útiles para el desempeño de su cargo”, “vigilar y supervisar la conservación de los monumentos, objetos históricos, obras de arte, museos municipales, y otros bienes muebles que formen parte del patrimonio histórico de la ciuudad”, “orientar la acción municipal en cuanto a la preservación de los valores típicos y el fomento del folklore”, “realizar todas las actividades que requiera la defensa del patrimonio cultural”, “colaborar con la Junta Regional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y con la Oficina del Centro Histórico de la ciudad”. “El cronista atenderá los requerimientos de las instituciones públicas o privadas, especialmente de las que tengan que ver con la Educación en lo tocante a la Historia Regional” y podrá “patrocinar reuniones, talleres, encuentros, charlas dirigidas a sensibilizar, informar e interaccionar en torno a temas relevantes atinentes al desarrollo espiritual y cultural del Municipio”.
Como podemos observar, la mayoría de las atribuciones del cronista se orientan a la custodia y conservación del archivo, así como a la consolidación del patrimonio cultural del Municipio.
Lamentablemente, se manejan como materias aparte, sin entrar a considerar a la documentación producto de la gestión municipal como un importante patrimonio cultural de la entidad. Podemos decir, sin embargo, que en términos generales las ordenanzas revisadas dejan un amplio margen al cronista para su actuación en defensa de los fondos documentales y de los bienes culturales en conjunto. Tenemos que considerar que la mayoría de las disposiciones revisadas fueron producidas en la década de los noventa, precisamente cuando en el país se produjo un auge en cuanto a la necesidad de valorar los testimonios que constituyen patrimonio cultural.
Si bien las ordenanzas hacen énfasis en la custodia del archivo por parte del cronista municipal, pocas son las que establecen entre las cualidades de quien pretenda aspirar al cargo el tener competencia en materia archivística. La Ordenanza sobre el Cronista Municipal del Concejo del Municipio Iribarren del Estado Lara, establece que “El Cronista Municipal tendrá libre acceso a los archivos y acervo documental del Municipio”, sin embargo, esa disposición está encaminada más a responder a la atribución contenida en la misma ley de “investigar la historia y las tradiciones”, que a asegurar la conservación del acervo documental. La Ordenanza para regir el cargo de Cronista Oficial del Municipio Miranda del Estado Falcón, es parca al señalar entre las atribuciones del cronista la de “conservar libros y documentos testimoniales que configuren el Archivo de la ciudad”, pero entre los requisitos para el cargo sólo se señala tener “experiencia en el campo de la investigación, documental y bibliográfica”. Es decir, ninguna de las leyes consultadas, las cuales corresponden a importantes ciudades del país, establecen claramente que el cargo de cronista tenga entre sus atribuciones la realización de tareas de organización archivística. Conocemos que algunas de estas ciudades y municipios han promulgado leyes especiales de creación de archivos, valdría la pena también consultar tales disposiciones.
De las revisadas, sólo la Ordenanza sobre Protección de Bienes del Patrimonio Cultural de la ciudad de Caracas, que contiene las disposiciones sobre el Cronista de la Ciudad, establece entre las condiciones para optar a esa designación estar “dotado de conocimientos básicos y experiencia adecuada en archivología, además de disponer de los recursos metodológicos necesarios para emprender una investigación rigurosamente científica.” Junto a esto, señala también “debe tener capacidad paleográfica que le permita entender los documentos antiguos existentes en el Archivo Histórico del Municipio”.
Ni el cargo de cronista, ni el oficio de historiador, garantizan que los archivos municipales estarán debidamente organizados. Se requiere de personal especializado para acometer esa importante tarea y los profesionales de la archivística deberían atender a una situación que demanda su participación decidida y consciente desde hace muchos años.
CONCLUSIÓN
Como se desprende de la argumentación anterior, son muchos los retos planteados para cronistas e historiadores de cara a la defensa y conservación del patrimonio cultural venezolano, en especial de los registros documentales. Pero esa preocupación debe afrontarse con madurez y sabiendo que la solución a los problemas de los archivos nacionales sólo puede generarse desde un conocimiento ajustado de la teoría y la práctica archivística.
El campo de trabajo de Cronista Municipal es uno de los tantos abiertos al quehacer del historiador egresado de las universidades. Allí puede encontrar también el joven, dinámico y entusiasta historiador la valoración y aprecio a su labor por parte de la sociedad. La contribución que desde el mismo puede hacer en el inventario, estudio, consolidación y difusión del patrimonio cultural del país en la dinámica de sus pueblos, ciudades y regiones es determinante para el futuro venezolano.
NOTAS Y BIBLIOHEMEROGRAFÍA
1 Freddy Castillo Castellanos.
El Régimen Legal del Cronista y otras palabras. Araure, Asociación
Nacional de Cronistas Oficiales de Venezuela. Cuadernos Cronistas de
Venezuela. Nro. 2. 2001. pág. 3.
2 Loc. cit.
3 Idem. pág. 7
4 Idem. pág. 11
5 Idem. pág 12
6 Mario Briceño Perozo.
Vedemecum de Archivología. Caracas, Archivo General de la Nación.
1979. pág. 136.
7 Idem. pág. 141
8 Guillermo Briceño Porras. “Por un Plan de Desarrollo de los Archivos
Municipales”. Material de apoyo entregado a los participantes del taller.
9 Lot cit.
10 Guillermo Briceño Porras. “Propuestas para el Desarrollo del Sistema
Nacional de Archivos”. Ponencia presentada al I Encuentro de Directores
de Archivos Históricos de Venezuela. Maracaibo, 4 al 6 de junio de 1998.
11 “Informatizarán archivo histórico del Municipio”. La Prensa, (Coro, Julio
28, 1998). pág. 8. “Los cronistas oficiales dirigirán los archivos en los
municipios del país”. Médano, (Punto Fijo, agosto 11, 1998). pág. 11.
12 Antonia Heredia Herrera. Archivística General. Teoría y Práctica. Sevilla,
Diputación Provincial, 1995. pág. 207.
13 Ley Orgánica de la Administración Pública. Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela. Nro. 37.305. 17 de octubre de 2001.
14 Agradezco la diligencia de Nandy García en Maracaibo, María García en
Ciudad Bolívar, Juan Alonso Molina en Barquisimeto, Claudio Briceño
en Caracas y Anthony Alvarado en Coro, quienes localizaron las ordenanzas municipales para este trabajo. También a Marilú Uribe de Archivo Municipal de Mérida, al Padre Giovanny Escalona, Canciller de la Arquidiócesis de Mérida y al señor Gerardo Matheus en el depósito de documentos municipales, quienes trataron infructuosamente de conseguir la legislación para el caso merideño.
Extraido de Vicent García Editores S.A.
Ediciones de Arte y Facsímiles de Manuscritos,Incunables y Libros Raros.
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